Durante este miércoles, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Enrique C. M., uno de los tres detenidos con relación al asalto de una joyería ubicada en el centro comercial Alameda Iglesias, fue condenado a siete años de prisión, luego de aceptar que se llevara a cabo un procedimiento abreviado en su contra por el delito de robo con violencia.
Indicó que la detención del hombre, así como de Héctor Hugo P. H., y Carlos Daniel N. L, se realizó mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas en días pasados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Los tres hombres fueron relacionados con el robo de la joyería, así como con otro atraco cometido el pasado 29 de enero en contra de una casa de empeño de la colonia La Cuesta.
En su primera presentación ante el juez de control de Luis Enrique C.M., llevada a cabo durante la mañana de este jueves, se solicitó que el proceso penal se resolviera mediante un procedimiento abreviado, mismo que terminó por ser aceptado.
Trascendió que, como parte de los antecedentes de investigación que se presentaron en contra del imputado, los peritos encargados de la revisión de la joyería encontraron huellas dactilares en uno de los vidrios del local, una de las evidencias clave para señalar la probable responsabilidad del imputado.


Por su parte, Héctor Hugo P. H., fue presentado ante el juez de control el miércoles pasado, mismo que determinó que, por los antecedentes de investigación presentados por el Ministerio Público, debería permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en lo que se resuelve su situación jurídica.
Además, fijo para el día de mañana, 20 de febrero, en punto de las 10:30 de la mañana, la audiencia de vinculación o no a proceso penal en su contra.
Respecto a Carlos Daniel N. L., alias “El Gordo”, ni personal de la FGE o del Tribunal Superior de Justicia, han actualizado datos con relación a la situación jurídica que enfrenta por estos hechos.
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Defensa no aportó pruebas en favor del imputado, por lo que renunció al término constitucional y pidió que se resolviera la situación jurídica lo antes posible