El Colectivo Justicia para Nuestros Deudos se deslindó de actores políticos que —acusó— han intentado lucrar políticamente con la tragedia de los 386 cuerpos localizados en el crematorio Plenitud.
Tras la liberación del propietario del establecimiento, José Luis A. C., el colectivo denunció públicamente que “lo que hoy vivimos es consecuencia directa de la ineficacia de la Fiscalía Zona Norte, encabezada por el fiscal Carlos Manuel Salas, y del poco interés mostrado para resolver de manera favorable a una comunidad lastimada por el ‘no hacer’ de diversas instituciones estatales”.
Dora Delgado Barraza, vocera del colectivo, sostuvo además que es falso que el amparo concedido al empresario pueda revertirse, pese a que el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, les habría asegurado: “vamos a revertir”.
“Es falso. El amparo es absolutorio. Si la Fiscalía pretende actuar, tendría que iniciar un nuevo proceso”, afirmó.
La vocera también puso en entredicho el ofrecimiento del fiscal general de que “esta misma semana iniciarían las consignaciones contra las funerarias vinculadas con el Crematorio Plenitud”, al señalar que existen 123 denuncias interpuestas. Ese “camino —dijo— se encuentra blindado por la opacidad y el silencio institucional”.
En cuanto al presunto lucro político, el colectivo señaló al activista Jesús Salais, al diputado morenista Cuauhtémoc Estrada y al grupo Árboles en Resistencia.
De acuerdo con el pronunciamiento, Salais habría ofrecido despensas a integrantes del colectivo; Estrada habría utilizado el caso con fines electorales; y Árboles en Resistencia habría intentado asumir la representación de las familias afectadas.
“Nuestro dolor no es plataforma política ni recurso de campaña. Reiteramos, como lo hemos hecho en múltiples ocasiones: nuestro colectivo no pertenece ni se subordina a ningún partido ni grupo político. El dolor no es capital político. Nuestra lucha continuará de manera clara, transparente y autónoma”, concluyeron.
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