Aunque no se le otorgó la calidad de testigo protegido, sino de imputado, Facundo Teófilo Martínez Robledo tenía información privilegiada que la Fiscalía pudo haber aprovechado si hubiera tenido la intención de llegar al fondo del caso del crematorio Plenitud, señaló la abogada Olivia Aguirre Bonilla, representante legal de una de las asociaciones que acompañan a las víctimas del caso.
“Como conocedor de los hechos, su detención sí era importante, pero por su edad y su posición de empleado, la Fiscalía pudo haberlo utilizado como testigo protegido para saber más sobre lo que estaba ocurriendo en el crematorio”, sostuvo Aguirre Bonilla tras conocerse el fallecimiento del exempleado.
Todas sus condiciones apuntaban a que él pudo haber cooperado con la Fiscalía y contribuido a la investigación; sin embargo, la falta de información —planteó la abogada— hace pensar que se están ocultando cosas.
“Parece que hay una estrategia para silenciar el caso, porque si siguiera en la agenda de los medios, sería una presión para que los funcionarios involucrados respondan”, comentó.
“Esta persona de la tercera edad, que lamentablemente falleció, seguía órdenes de su patrón y tenía mucha información. Debió haber sido tratada como testigo protegido y tomada su declaración anticipada por su situación de salud”, estimó.
Martínez Robledo fue vinculado a proceso el 4 de julio de este año; el juez ordenó un plazo de seis meses para las investigaciones complementarias a cargo del Ministerio Público.
Hasta ayer, con casi cuatro meses transcurridos de ese plazo, no se había informado que la representación social hubiera buscado una declaración anticipada o pretendiera cambiar su estatus a testigo protegido, refirió la abogada.
De acuerdo con Aguirre, el Ministerio Público debió haber realizado gestiones previas en ese sentido. La única razón que se advierte para no hacerlo, dijo, es proteger a otras instancias de gobierno que necesariamente debieron tener responsabilidad.
“Tan es así la protección, que no se explica que no haya investigaciones contra las autoridades involucradas. No se han abierto carpetas que involucren a funcionarios, ni de Coespris (Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), ni del Municipio”, señaló.
Con todo lo que se ha dado a conocer por la prensa, está claro que hubo omisiones: permisos que se otorgaron, verificaciones que no se realizaron en el establecimiento, entre otras anomalías, refirió.
“Lo que querían eran detenidos, y no dudo que esta persona haya tenido alguna responsabilidad —aunque no conozco los hechos de la carpeta—, pero no se está yendo contra los de arriba”, apuntó.
“Era un testigo clave —insistió— porque tengo entendido que era la única persona que se encontraba recibiendo los cuerpos en el crematorio y sabía cómo se movía todo.”
Aguirre indicó que la Fiscalía tendría mucho que responder ante una deficiente integración de la carpeta de investigación, lo que obliga a pensar que pudo responder a “otros intereses”.
Olivia Aguirre Bonilla es actualmente representante legal del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, que ya interpuso denuncias por desaparición de cuerpos “para que la Fiscalía en verdad los busque”.
De acuerdo con la Ley Federal de Desaparición Forzada, si hay desaparición de un cuerpo, es obligación de la Fiscalía recibir las denuncias de quienes no han sido reconocidos como víctimas, concluyó.
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