Mientras el Pleno del Poder Judicial del estado discutía la legitimidad del proceso de elección de 56 jueces y juezas impugnados, algunos de ellos arremetieron contra el consejero de la Judicatura Joaquín Sotelo quien destapó el escándalo de presunta corrupción, pidieron a la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia que revise su actuación porque podría haber incurrido en faltas administrativas.
Los jueces y juezas invitaron al consejero Sotelo Mesta a conducirse a través de la vía legal para realizar cualquier señalamiento en relación a la designación de jueces en funciones designados desde el pasado mes de septiembre, según explicó Érick Alberto Parada quien habló a nombre de sus colegas.
Insistieron que Joaquín Sotelo debe regirse por los principios de profesionalismo, honestidad, legalidad, probidad, objetividad e imparcialidad.
Incluso consideraron que el consejero podría haber incurrido en posible abuso de funciones según el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Por otro lado, José Humberto Rodelo así como David Alvarado, ambos magistrados del poder Judicial y en su calidad de integrantes del colegiado que elaboró los exámenes para la elección de jueces, negaron que se conocieran a los ganadores antes de que el proceso concluyera.
Un día antes, el consejero Joaquín Sotelo afirmó que la revista del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX publicó resultados de la selección de 56 jueces en Chihuahua, lo cual fue desmentido por el Tribunal Superior de Justicia. La publicación habría sido impresa en junio de 2018, dos meses antes de que terminara la aplicación de 250 exámenes a igual número de concursantes.
Por su parte el Instituto de Estudios Judiciales de la CDMX precisó que la nominación “junio de 2018” de la revista, “es un componente para el identificador editorial, mas no refleja necesariamente el mes de publicación”, por lo que se ofreció publicar en la siguiente edición una fe de erratas.
En enero de 2019, Sotelo Mesta denunció ante la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades del proceso selectivo de jueces y magistrados al ser violados los principios de transparencia, certeza y legalidad.
El 25 de junio de ese año, la jueza Décimo de Distrito, Matilde González, consideró que en la selección hubo condiciones ilegítimas del procedimiento utilizado por el Consejo de la Judicatura de Chihuahua por lo que ordenó remover a los 56 jueces seleccionados.
En septiembre de ese mismo año, la Fiscalía Anticorrupción dio carpetazo al caso.
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