La asociación civil Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cdhpn) se une a la exigencia de no militarización de un grupo de organizaciones de la sociedad civil con injerencia en los estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Mediante un comunicado oficial, la organización juarense señaló que será mañana la votación del dictamen del Senado de la República en la Cámara de Diputados, referente a la ampliación del plazo hasta 2028 para la presencia de fuerzas armadas en las calles de México.
Ante esto, las organizaciones del norte del país que firman el escrito apuntan que una estrategia de seguridad adecuada y efectiva no requiere precisamente de las fuerzas armadas, sino de corporaciones policiacas de comando civil, capacitación de sus elementos, involucramiento de la ciudadanía, equipo necesario para su trabajo, así como trabajos de inteligencia e investigación en su labor contra el crimen.
Puntualizaron que “la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública debe ser excepcional, extraordinaria, justificada, subordinada, complementaria y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes”, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, en el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
Asimismo, el Cdhpn recordó que el Operativo Conjunto Chihuahua, implementado en 2008 en Chihuahua con la presencia del Ejército Mexicano en las calles del estado tuvo un efecto exacerbado cuyo “único logro fue colocar a Ciudad Juárez en el primer lugar del listado de ciudades más peligrosas del mundo”.
Añadió que debido a estos años de violencia en la ciudad, aún persiste la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, sobre todo por los casos de desapariciones forzadas, allanamientos de vivienda, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por los militares.
Dadas las experiencias de los tres estados del norte, el grupo de organizaciones firmantes exige el cumplimiento de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además del establecimiento de una estrategia de seguridad pública con perspectiva ciudadana y que convenga con las necesidades de la población.
Aseguran que pondrán atención a las decisiones de los congresos “y no repararemos en denunciar las arbitrariedades que desde la institución castrense se cometen”.
Las organizaciones firmantes son el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C., Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, A. C., Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C., Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Frontera con Justicia, A. C. y Fundación para la Justicia.
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