Se prestó Infonavit a despojos ilegales; hay 20 mil afectados

En Ciudad Juárez hay más de veinte mil personas a quienes el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) mantiene con la guillotina puesta para despojarlos de sus casas.

El abuso se comete desde hace más de dos años a través de juicios ilegales y subastas, denunciaron a NORTE abogados y activistas.

El caso involucra a funcionarios del Registro Público de la Propiedad en el gobierno que encabeza Javier Corral, quienes aceptaron ingresar al sistema cientos de escrituras que de acuerdo a los activistas, no cumplen los requisitos que marca la ley.

Al principio del quinquenio el abogado Rubén Trejo, entonces director de la institución, rechazó cientos de documentos que provenían de un mismo juzgado en Compostela, Nayarit.

Pocas semanas después fue retirado del cargo. Oficialmente se dijo que había renunciado, pero las evidencias apuntaron a que su actuación había afectado intereses.

A finales del año pasado, en la transición del nuevo gobierno federal, el asunto explotó en Nayarit. El Infonavit inició “juicios espejo” para despojar a miles de familias de su patrimonio -se calculan entre 60 y 80 mil en todo el país- con el contubernio de jueces, magistrados, notarios, constructoras y registros públicos de la propiedad como el de Chihuahua.

La gente fue despojada de sus casas sin ser notificada y las constructoras iniciaron procesos de desalojo extrajudiciales.

La falta de un documento que acreditara que el propietario de una vivienda había sido notificado de que existía un juicio en su contra, es un requisito que impone la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, sin el cual no sería posible inscribir un documento.

Trejo lo sabía y por eso regresó muchas escrituras. En consecuencia, fue retirado del cargo. 

Consultado al respecto el actual director del Registro Público, Jesús Martínez, confirmó que a su llegada en abril de 2017, había retenidas casi dos mil escrituras por el argumento planteado por Trejo.

Sin embargo, aclaró, él recibió la instrucción de registrarlas porque aunque no estuviera en el expediente el mencionado documento de notificación, el notario sí daba fe de que lo había tenido a la vista y con eso era suficiente para que la escrituración fuera viable.

Martínez señaló que sí se había detectado que había un vicio en el procedimiento judicial por medio del cual el Infonavit se había adjudicado las casas.

“Siempre ví que los procesos judiciales tenían errores, porque se llevaron a cabo en lugares diferentes a la ubicación de los inmuebles”, explicó.

Con todo y que los juicios tuvieran ese vicio de origen, la oficina del Registro Público en esta frontera admitió las escrituras y a la fecha Infonavit es el nuevo propietario de poco más de dos mil viviendas que les han sido arrebatadas “legalmente” a sus dueños.

De acuerdo con activistas consultados por NORTE, otro método por el cual les están quitando sus casas a los propietarios originales es con juicios de embargo por falta de pago de predial, y en este caso es el propio Municipio de Juárez el actor.

El resultado es que el Infonavit se ha adjudicado miles de viviendas y las ha estado subastando de manera constante, revendiéndolas a empresas inmobiliarias o vivienderas a precios muy por debajo de lo que las ofrecen a los trabajadores.

Apenas en noviembre del año pasado el Infonavit subastó cuatro mil 336 casas, a un precio de 900 millones 502 mil 42 pesos lo cual da un promedio de 200 mil pesos por casa, mismas que las vivienderas vuelven a vender a nuevos derechohabientes a más de 400 mil pesos, invirtiéndole a la remodelación un promedio de 50 mil pesos.

En números conservadores la ganancia para los inmobiliarios es de 150 mil pesos por casa, es decir, más de 650 millones de pesos, solo en los 4 mil 336 inmuebles subastados en noviembre.

Si se aplica la fórmula a las 20 mil casas que están siendo despojadas en Juárez, la suma se eleva a dos mil 400 millones de pesos de ganancias para las inmobiliarias. 

DEBEN INDEMNIZAR: CARAVEO

Para la activista Victoria Caraveo Vallina, el Infonavit tiene la obligación de indemnizar a todas las personas a las que les arrebató sus casas a través de juicios espejo, ya sea que les devuelvan lo que ellos habían pagado o que les entreguen sus inmuebles ya libres de pago.

Sobre el ‘affaire’ del Registro Público de la Propiedad, Caraveo opinó que quienes aceptaron escrituras que no cumplían los requisitos de ley, incurrieron en un fraude en el que necesariamente está involucrado el gobernador Javier Corral.

“Lo más triste es que todas las personas que compiten por un puesto de elección popular, se conmueven hasta las lágrimas diciendo que van a trabajar por los más vulnerables, pero en la realidad no lo hacen”, expresó.

En ese sentido opinó que el problema del Infonavit es la avaricia de quienes no se conforman con el poder político y quieren poder económico, lo cual les resulta sencillo debido a que los afectados son personas de clase humilde y con poca preparación.

“Se les hace fácil (cometer el fraude de Infonavit) porque la gente más sencilla no reclama, son los que no tienen voz”, reprochó.

Subastas deben parar

Para la representante de El Barzón en Ciudad Juárez Griselda Sosa lo importante sería que el Infonavit detuviera las subastas, ya que según ella las casas que se están ofertando fueron arrebatadas a sus dueños de manera abusiva e ilegal.

“Mi interés es que le den reversa a las subastas porque quienes están hostigando a la gente son quienes compraron en esas subastas, por ejemplo los de Provive se están comportando como verdaderos malandros”, opinó.

Con los juicios que se hicieron de forma ilegal en Nayarit miles de juarenses fueron despojados de sus viviendas y es por eso que ya las escrituras no están a nombre de ellos.

Pero aún así lo que hacen las constructoras es un hostigamiento y presión psicológica para obligarlos a desocupar, explicó.

Además de Provive otras constructoras que usan el mismo método son DASA, YVASA y CVC.

Las constructoras son las más beneficiadas porque en las subastas de Infonavit compran las viviendas a precios baratos, las remodelan y las ponen de nuevo a la venta en dos o tres veces el valor. Un negocio redondo.

Cínicamente el Infonavit aplica una vara distinta a los trabajadores a quienes ahoga con créditos imposibles de pagar, opinó.

A pesar de la gravedad de la situación, ninguna autoridad estatal o municipal ha hecho algo por ayudar a las familias.

El despojo implicó una red de corrupción que involucra a constructoras de prestigio, funcionarios federales, magistrados y jueces que fuera de Ciudad Juárez operaron para hacer un negocio multimillonario.

A finales del año pasado la Fiscalía de Nayarit confirmó que había iniciado procesos en contra de magistrados, notarios públicos y funcionarios después que se detectó el mega fraude.

Activistas como Victoria Caraveo, José Luis Rodríguez, Imelda Sosa, los abogados Mario Sánchez y Jesús Velázquez, y el diputado local Misael Maynez, han dado seguimiento al tema sin que hasta el momento se logre una respuesta o solución de parte del gobierno federal.

En Ciudad Juárez hay familias que están siendo desalojadas por las propias constructoras, como lo denunció El Barzón en el tercer número de Norte, edición semanal.

Por otra parte, en Nayarit fueron suspendidos los jueces Braulio Meza Ahumada y Mario Alberto Cervera, así como sus secretarios, María del Consuelo Olvera y Pascual Adrián Carvajal Moreno, adscritos a los juzgados mixtos de primera instancia en Xalisco y Compostela. 

El fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, solicitó al Congreso local quitarles el fuero a dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia involucrados y  el Consejo de la Judicatura del estado de Coahuila suspendió de sus funciones a seis jueces civiles y 12 secretarios de acuerdo y trámite, a quienes la Fiscalía General del Estado investiga por 100 mil créditos del Infonavit que al parecer fueron asignados en forma fraudulenta en varios estados, incluidos Chihuahua, Nayarit, Coahuila, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

En contraste aquí en Juárez la Fiscalía no ha informado que esté investigando a las empresas que fueron señaladas por El Barzón de estar coludidas en el fraude.

Abogados sufren atentados

Abogados que se involucraron en la defensa de los derechohabientes como Jesús Velázquez o Mario Sánchez Zúñiga, sufrieron atentados en sus oficinas o persecuciones de parte de la Fiscalía de Chihuahua.

Así supieron de qué lado se mueve la justicia en el estado grande.

Sánchez Zúñiga, un abogado chihuahuense dedicado al negocio inmobiliario desde 2010, fue quien descubrió la trampa.

“En 2015 compré una vivienda a una persona que tenía un adeudo con Infonavit; el 15 de noviembre de ese año concluimos el proceso de escrituración, pero para mi sorpresa, para el día 15 de diciembre la casa estaba adjudicada al Infonavit por medio de un supuesto juicio en mi contra. Entonces promoví un amparo para investigar qué es lo que estaba sucediendo y resultó que el juez federal había requerido al juez Mario Alberto Cervera López de Compostela, Nayarit, copia del expediente y le contestan que no existe”.

“Para cuando ratifican que no existe, nosotros ya teníamos en la mano una escritura masiva de 498 inmuebles con ese mismo número de expediente, firmados por ese mismo juez”, relató.

Después de casi dos años de pelear contra el Instituto junto con otros activistas, Sánchez Zúñiga denunció en una rueda de prensa realizada en esta frontera el 12 de diciembre de 2018, que la Fiscalía del estado estaba hostigándolo en represalia por sus acciones contra el Infonavit.

“Quiero dar a conocer ante ustedes que fui víctima de una injusticia que se cometió en mi perjuicio por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que pese a que trataron de vulnerar mi situación, a mi familia, mi trabajo, pues bueno, estamos de pie y estamos listos para las etapas que sigan en la vida”, declaró entonces.

Zúñiga había sido detenido por la Fiscalía zona norte acusándolo de un presunto fraude por casi cinco millones de pesos, del cual él mismo informó que había sido una acusación falsa.

Las investigaciones de la fiscalía de Nayarit, referidas en un posicionamiento que Sánchez compartió con NORTE, concluyeron que son dos despachos los que se han visto implicados en el desfalco en aquel estado.

Uno es Malrod, Silber y Asociados y el otro es el bufete Rosales Badillo, encabezado por el exsecretario de gobierno de Durango, Hugo Gerardo Rosales Badillo.

El primero consiguió contratos con Infonavit para recuperar viviendas por un monto de 613 millones y el segundo por más de 328 millones de pesos, ambos, a costa de engañar a sus propietarios originales y prácticamente aplicarles un asalto en despoblado.