Durante la audiencia de formulación de imputación, el exgobernador César “D” solicitó que los medios de comunicación no difundan imágenes de su rostro.
Esto, luego de que el juez de control, Humberto Chávez Allande, aceptara la solicitud de la Fiscalía General del Estado, de llevar el procedimiento de manera pública.
El que fuera gobernador de Chihuahua en el período 2010 a 2016 enfrentará ahora la causa penal 3051/2021, en la cual el Ministerio Público del Estado le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa en su calidad de agravada.
Según la acusación, el exgobernador habría desviado 96 millones 600 mil pesos del erario estatal en beneficio de empresas que él mismo dirigía, presidía o había fundado.
Luego de que el imputado pidiera que no se difundiera ni las imágenes de su rostro ni sus datos generales, el juez instruyó al personal de informática como a los representantes de los medios a cumplir con esa solicitud.
La audiencia se lleva a cabo en la Ciudad Judicial de Chihuahua, ubicada en el centro de la ciudad.
A su vez, el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, dijo confiar en la actuación del Ministerio Público durante el proceso que recién inicia.
Agregó que éste solicitará que se le imponga la prisión preventiva derivado de que existe un riesgo de sustracción y nunca se presentó voluntariamente ante la autoridad.
¿Quién es el juez federal que lleva la audiencia de Jáuregui en El Altiplano?
Ricardo Alfonso Santos Dorantes ha ejercido funciones de magistrado y también es señalado como el juez que libró una orden de captura contra el copropietario de Miss Universo
Declaran a Ciudad Juárez en emergencia por causa de las lluvias
Con esta medida se permite la liberación de recursos extraordinarios para atender a la población afectada
Captura ICE a ex duartista en El Paso, Texas
Adrián Dozal Dozal estaba ilegalmente en EU y descubrieron que era buscado por las autoridades mexicanas
Vinculan a juez por prevaricación; deberá renunciar al cargo
Manuel J.T. obtuvo la suspensión condicional del proceso por 12 meses; también deberá desistirse de los recursos y amparos promovidos por el caso
