El funcionamiento irregular de los negocios conocidos como terrazas-jardín, espacios que se rentan para realizar una diversidad de festejos, se constituyó en una problemática social en esta frontera debido a que operan sin la supervisión gubernamental y en zonas habitacionales o alejadas de la mancha urbana, indicó el director de Gobernación, Alejandro Jiménez Vargas.
“Tenemos conocimiento de que están en toda la ciudad, en todas las colonias, en una sola puede haber hasta tres, la problemática se genera porque adecúan las casas-habitación y operan como ese negocio, pero sigue siendo una vivienda; arreglan el patio y tienen hasta alberca, pero en realidad la operan como negocio”, declaró.
Este año, dio a conocer, del total de 850 clausuras realizadas hasta agosto pasado, al menos 60 se impusieron en este tipo de establecimiento.
Incrustadas en zonas habitacionales
Señaló que la actividad causa malestar entre los vecinos porque la gran mayoría se ubica en zonas residenciales o colonias populares donde ni siquiera existe el uso de suelo comercial, carecen de estacionamiento, por lo que sus clientes se aparcan en doble fila, en sitios prohibidos o inadecuados.
También, dijo, tiran basura, botellas y botes de cerveza, dejan sucias las calles y banquetas; en ocasiones rentan conjuntos musicales o equipos de sonido que provocan contaminación auditiva a su alrededor.
Otro tipo de terrazas funcionan en zonas alejadas de la mancha urbana, pero esto no soslaya que incumplan con la ley y tengan los permisos correspondientes, aunque estén en medio de grandes extensiones de terreno de áreas industriales, como en Sendero y Zaragoza, donde hay espacios con bodegas y otro tipo de establecimientos.
Un manojo de ilegalidades
“Lo identifico como una problemática social, es una situación que inclusiva, como está la normatividad aplicable, como están los reglamentos municipales, como la propia Ley Estatal, están prácticamente ilegales, irregulares”, expresó.
Estimó que se han clausurado, en lo que va del año, alrededor de 60 terrazas-jardín, algunas fueron reincidentes porque fueron clausuradas el año pasado.
Las acciones contra las terrazas-jardín comenzaron a finales de abril y principio de mayo de este año, cuando a las mismas oficinas de la Dirección de Gobernación acudieron ciudadanos a exponer que se les estaba cobrando una cuota de 36 mil pesos por parte de personal de esa dependencia, pero resultó fraude y eran particulares que se estaban aprovechando de la falta de conocimiento.
Se omitió abrir una carpeta de investigación por la supuesta protección porque los afectados no quisieron interponer alguna queja formal o una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a pesar de que les ofreció asesorarlos.
Aunque el delito de extorsión, en el que podría caer esta situación, se persigue de oficio, hacerlo corresponde a un agente del Ministerio Público.
“Es complicado, lo digo como abogado, porque sí, efectivamente, la extorsión es un delito grave, yo consideraba que era prácticamente una extorsión porque estas personas llegaban y decían ‘deme 36 mil pesos porque si no va a venir Gobernación, le van a cerrar y ya no va a poder abrir nunca’”, explicó.
Consideró que estas conductas se tipificaban como ese delito, por eso los asesoró, pero los afectados se mostraron renuentes y omitieron denunciar.
En el 2022 fueron 30 clausuras
Jiménez Vargas informó que el año pasado clausuraron alrededor de 30 terrazas-jardín porque se comenzó a poner orden al darse cuenta de la tolerancia y la falta de inspección que existía en este giro de negocios en la administración estatal anterior.
Indicó que el número de este tipo de establecimientos que están trabajando es incalculable, ya que se trata de una actividad redituable que se puede realizar en cualquier instalación que sea adaptada para celebrar reuniones.
Sin embargo, algunos de los propietarios sancionados argumentan, incluso con violencia, que realizan fiestas familiares, pero hasta tienen publicidad por redes sociales ofertando el servicio.
Entre los requisitos que deben presentar los representantes de terrazas-jardín para tramitar un permiso de venta o suministro de cerveza (que cuesta 3 mil pesos), licor o vino (con un costo de 6 mil pesos) ante la Dirección de Gobernación, incluyen los permisos municipales como Licencia de Uso de Suelo, que otorga el derecho de utilizar lotes o predios y sus construcciones para la realización de actividades comerciales o prestación de servicios.
También, la Licencia de Funcionamiento, que permite tener un negocio en funcionamiento, así como la solicitud para inspección de establecimientos (aforo), que se obtiene a través de una inspección para determinar la capacidad máxima de clientes que pueden admitir.
Estos documentos se obtienen en la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio de Juárez.
Requieren también el Aviso de Funcionamiento para la apertura del negocio con el compromiso de cumplir la normatividad sanitaria y minimizar los riegos a la salud de la población general ante la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris) y la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
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