Luego de la licencia solicitada por el panista Mario Mata Carrasco en la Cámara de Diputados, su suplente, Salvador Alcántar Ortega rindió protesta como legislador.
Alcántar Ortega asumió en la sesión de la Comisión Permanente y el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, le tomó protesta.
El legislador también preside la Asociación de Usuarios de Riego estatal. Esa organización se identificó como la que encabezó los movimientos en la presa La Boquilla en el 2020.
También se le nombró como director de Fomento Agropecuario de Chihuahua en la administración estatal.
Mata Carrasco estará al frente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de acuerdo con el presidente del Consejo de la JCAS, Óscar Ibáñez.
Sanción a Mata Carrasco
En abril, Mata Carrasco, todavía como legislador federal, fue sancionado por ejercer violencia de género contra la senadora juarense Bertha Caraveo.
Fue la primera vez en el estado se sancionaron conductas constitutivas de violencia política de género contra las mujeres. También, fue la primera ocasión en que se adoptaron las medidas eficaces y necesarias para inhibirlas.
En noviembre del 2021, la senadora por Chihuahua, Bertha Caraveo Camarena, denunció al legislador por violencia política de género.
La querella se originó luego de que el legislador panista aseguró que la senadora no había escrito el artículo donde lo acusaba de robar agua. En aquel escrito, la senadora morenista acusaba a Mata Carrasco de apoyar a una empresa cervecera instalada en Meoqui.
La determinación, dictada por unanimidad, se dio luego de una denuncia interpuesta por Caraveo Camarena. Además, se le encomendó pedir una disculpa pública desde de la Cámara de Diputados y tomar un curso intensivo en perspectiva de género.
Chihuahua ocupa el séptimo sitio a nivel nacional con el mayor número de sanciones de este tipo.
Este registro cuenta con 192 personas inscritas, de las cuales 84.57 por ciento son hombres.
El mayor número de registros se tienen en el ámbito municipal, con 168, mientras a escala estatal suman 28 y nacionales son 16.
Las víctimas son principalmente integrantes de ayuntamientos, seguidas de candidatas a algún cargo de elección popular.
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