Los alarmantes índices de corrupción que existen en el estado de Chihuahua, obligan a que desde el Congreso del Estado se hagan modificaciones a las leyes actuales para que el Sistema Estatal Anticorrupción, realmente funcione.
Así lo establecieron organismos de la sociedad civil y empresariales el viernes en una propuesta entregada por escrito ante las Comisiones de Fiscalización, Anticorrupción, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto; Participación Ciudadana y Asuntos Electorales del Congreso del Estado.
Entre las propuestas destacan que los regidores sean electos individualmente y no en las planillas de los candidatos a alcaldes, que haya mayor acceso a testigos sociales a las licitaciones y que los alcaldes saquen las manos en la designación de contralores municipales.
El documento, del que Norte Digital obtuvo una copia, fue firmado por representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Chihuahua (Coparmex), Plan Estratégico de Juárez, Trabajando por mi Ciudad, Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, Ciudadanos en Participación Activa (Cepac) y Vigilancia Colectiva por la Integridad,
Fue dirigido a la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, en su calidad de presidenta del Congreso bajo el título “Propuestas ciudadanas para fortalecer la prevención y combate a la corrupción en el Estado de Chihuahua”.
De acuerdo a los promoventes, las siete propuestas derivaron de los acuerdos alcanzados en audiencias públicas el 8 y el 17 de enero en Chihuahua y Juárez, respectivamente.
Dichas audiencias sirvieron como “un espacio de diálogo constructivo que dio lugar a la presentación de estas propuestas y al compromiso expreso de las y los Diputados presentes de trabajar en mesas técnicas para analizar e implementar medidas que aborden de manera efectiva las problemáticas en materia de corrupción que enfrenta nuestro estado”, refirieron en el texto presentado.
No solo abonan a la consolidación de un marco normativo más robusto, sino que también se orientan a “reducir los alarmantes índices de corrupción que afectan a nuestro estado y sus municipios más representativos”, sostuvieron.
En ese sentido –indicaron– la actual Legislatura puede y debe ser un pilar fundamental en la construcción de instituciones más transparentes, íntegras y eficaces, en beneficio de toda la ciudadanía.
¿Qué dicen las 7 propuestas?
En la primera propuesta se sugiere que para integrar el Comité de Participación Ciudadana, se privilegie a ciudadanos con trayectoria que no hayan tenido cargos públicos en el último año y que no pertenezcan a un partido político.
Lo anterior, ya que actualmente están designados solo servidores públicos, “lo cual va en contra de la naturaleza de un órgano ciudadano”.
En la segunda observación se señala que a pesar de que fue aprobada hasta junio del 2023 –hace un año y siete meses– no se ha dado a conocer un programa de implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
Es urgente que se de a conocer un plan incluyendo su fecha de inicio, precisaron.
La tercera propuesta es armonizar diversas leyes con la Ley General y con la realidad operativa del Sistema Estatal Anticorrupción.
En el cuarto punto se indica que por falta de autonomía, las contralorías municipales enfrentan múltiples desafíos que limitan su eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades.
“Las contralorías municipales suelen carecer de independencia respecto a las presidencias municipales, ya que sus titulares son designados por los alcaldes; esta subordinación puede comprometer su capacidad para fiscalizar de manera objetiva y sancionar posibles irregularidades dentro de la administración municipal”, se señala.
Incluso existe confusión de funciones, falta de claridad normativa y designaciones o remociones influenciadas políticamente.
Con estos vicios –afirmaron– se pueden generar conflictos de interés y limitar la imparcialidad en la fiscalización, “derivando en una vigilancia laxa o en la omisión de sanciones ante irregularidades cometidas por funcionarios municipales”.
Como una quinta observación, se incluye que se legisle a nivel estatal para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, dadas las modificaciones que se han hecho en esos temas a nivel federal.
Regidores electos por el pueblo
El sexto punto es la elección de regidores en votaciones abiertas para que los ciudadanos chihuahuenses elijan de manera individual y directa a las personas titulares de las regidurías, fuera de las planillas, y con base en demarcaciones territoriales específicas.
Finalmente, el texto presentado por los promoventes advierte que la legislación vigente en Chihuahua en materia de testigos sociales, presenta limitaciones que impiden el cumplimiento efectivo de su objetivo principal que es garantizar que las personas puedan participar de manera accesible y significativa en la fiscalización de los recursos públicos.
“Con su diseño actual, este mecanismo no es percibido por la ciudadanía como una herramienta efectiva de participación, ya que enfrenta barreras de acceso, poca difusión y procesos complejos que desincentivan la involucración ciudadana”, refiere.
La propuesta va más allá al recomendar que cualquier persona interesada, y no solo quienes cumplan con altos requerimientos técnicos, pueda participar como testigo social.
Además de lo anterior también incluye que sea obligatoria la intervención de testigos sociales en todas las adquisiciones públicas cuyo monto supere el equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
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