Pintar escuelas, sembrar árboles, recoger basura o simplemente recibir cursos de concientización de manejo de vehículos, son alternativas reales para pagar por infracciones de tránsito o por faltas administrativas.
En lugar de horas de arresto o desembolsar dinero, también es posible que un juez cívico determine que lo más idóneo es que el detenido sea canalizado a recibir terapias psicológicas o tratamientos contra adicciones.
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Dichas opciones forman parte de un abanico de oportunidades que brinda el Sistema de Justicia Cívica en Ciudad Juárez, cuyo director es Jorge Salomé Bissuet Galarza, quien explica en parte cómo funciona este nuevo esquema en el municipio.
Refiere que anteriormente operaba el sistema de Jueces de Barandilla, pero en este ciudad a partir del 10 de agosto de 2021 se inauguró la justicia cívica, donde existe la autoridad administrativa de un juez cívico y otras figuras como lo son el defensor del ciudadano y el fiscal cívico –Juárez es el único municipio del país que cuenta con esta última figura–.
Menciona que un detenido por faltas administrativas participa en una real audiencia donde se le asiste con un defensor, donde el fiscal formula el cargo en representación del policía que hizo el arresto y el juez escucha a ambas partes, así como de forma directa al ciudadano involucrado, quien tiene derecho a presentar pruebas de sus dichos.
Explica que cuando una persona es detenida por agentes municipales, se le realiza primeramente una prueba de tamizaje, que es una entrevista para conocer características personales o de su entorno, donde llega a conocerse en algunos casos si alguien tiene alguna adicción
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Ya en la audiencia se le dan a conocer sus derechos, se le permite una llamada a algún familiar y se le detalla el motivo por el cual está detenida.
Con el sistema de justicia cívica sigue existiendo el arresto y la multa, pero se agrega el trabajo a favor de la comunidad –con componente reeducativo o psicoterapéutico– y también surge la sanción como amonestación, que genera un antecedente policiaco.
En el estudio biopsicosocial o tamizaje realizado previo a la audiencia, se encuentran los factores de riesgo de la persona que lo llevan a cometer faltas administrativas, donde se puede encontrar si es adicto al alcohol o drogas, en cuyo caso el juez lo toma en consideración y puede determinar un apoyo psicoterapéutico.
Salomé Bissuet Galarza precisa que se trata de un sistema no represivo cuyo sistema no se convierte en castigador sino restaurativo, a través de una intervención amplia.
En el caso del trabajo comunitario, se brinda a través de organizaciones civiles e instituciones como Educación, Servicios Públicos, Dirección de Centros Comunitarios, Instituto Municipal de la Mujer, así como Parques y Jardines.
Dichas personas reciben un seguimiento a través de un juez de canalización, quien vigila que se dé ese cumplimiento. Se limpia el Chamizal o se trabaja en el vivero.
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Otras de las obligaciones de Justicia Cívica es el sistema itinerante, donde se lleva la oficina a los centros comunitarios de las colonias, donde está presente el juez.
En los seis meses que tiene el sistema de Justicia Itinerante, se han atendido cuatro mil 200 personas, que es gente que se acerca porque quiere resolver algún conflicto vecinal o comunitario. Se trata de áreas de mediación que también tienen módulos en estaciones Universidad y Riberas de la Policía Municipal, donde se presentan quejas y se les da una solución alternativa a través de un convenio.
También atienden el juzgado cívico de la Coordinación de Seguridad Vial y del Cerecito (a donde se canalizan los detenidos por conducir en estado de ebriedad).
Menciona que del 10 de agosto de 2021 al 31 de diciembre del 2022, más de 27 mil personas fueron atendidas a través de alguno de los mecanismos de justicia alternativa.
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Considera que todavía no se puede determinar el grado de éxito de este sistema de justicia, sin embargo aclaró que un ente externo, que es el USAID de Estados Unidos, tiene al municipio de Juárez como de los tres primeros de un total de 100 en todo México que llevan un avance significativo en su implementación.
El titular del Sistema de Justicia Cívica comentó que cada vez crece más el número de personas que buscan tener una audiencia con el juez cívico en las oficinas de Seguridad Vial, donde en algunos supuestos de las infracciones, en lugar de que paguen la multa, ésta pueda ser cambiada por trabajo a favor de la comunidad.
“Significa que cada quince días alrededor de 120-130 personas, están siendo canalizadas a recibir cursos de concientización para conductores de bajo riesgo”, anota.
Explica que ya mensual si llegan al número de 200 personas en el tema de Vialidad, pero en el caso de faltas administrativas y que son detenidas por Seguridad Pública, se tuvo por ejemplo la semana pasada a 46 personas que cumplieron con la canalización a psicología, trabajo comunitario en limpieza, o tratamiento de adicciones.
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El Sistema de Justicia Cívica es atendido por 30 jueces, 30 fiscales, 18 defensores, donde también hay auxiliares y personal administrativo, donde da un total de entre 115 y 120 personas que lo operan en las diferentes áreas.
En el caso de Ciudad Juárez, los jueces y auxiliares dependen de la Secretaría del Ayuntamiento, los fiscales de Seguridad Púbica y los defensores de la Dirección de Derechos Humanos.
Esa separación administrativa da más imparcialidad a los juicios de audiencia, considera Bissuet Galarza, quien agrega que en el estado de Chihuahua ya cuentan con justicia cívica los municipios de Parral, Camargo, Delicias, Cuauhtémoc, Chihuahua capital, aparte de Juárez.
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