La detención del exgobernador César Duarte no fue un favor o un regalo del gobierno de Estados Unidos a la administración de Andrés Manuel López Obrador sino el cumplimiento de un tratado internacional, señaló el gobernador Javier Corral en conferencia de prensa virtual este jueves.
“No es un favor del gobierno de Estados Unidos, es el cumplimiento de un tratado que México suscribió y que tiene en el centro el combate a la corrupción y a la impunidad; no es un regalo, es el cumplimiento de la ley y de un tratado internacional”, refirió.
Después que se difundió ayer la detención de Duarte poco después de las 3:00 de la tarde, la mayoría de los medios relacionaron la captura con la visita del presidente mexicano al mandatario estadounidense Donald Trump en Washington.
Sin embargo Corral desestimó ese enfoque argumentando que las actuaciones contra Duarte venían de tiempo atrás a partir de la llegada del nuevo gobierno de AMLO, después que la anterior PGR había obstaculizado el proceso.
Recordó que con la nueva Fiscalía General de la República (FGR) se repuso el proceso y fue apenas en enero de 2020 que dicha instancia entregó la solicitud formal de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y ésta hizo lo propio con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“No es un asunto que saliera de la chistera o de hace dos o tres semanas porque las investigaciones vienen desde hace cuatro años”, refirió al rechazar que se haya tratado de un favor o un regalo.
Peña Nieto, en la mira
Cuestionado por los representantes de los medios sobre si la detención de Duarte podría alcanzar al expresidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Javier Corral aclaró que en las indagatorias estatales no hay elementos concretos en contra del exmandatario, sin embargo, también dijo que existe el caso de la operación Zafiro en la que esta involucrado el exsecretario general adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
De acuerdo con Corral en esta última investigación, sí podría encontrarse una ruta que llevara hasta el anterior inquilino de Palacio Nacional debido a que sería muy difícil que los desvíos que se hicieron desde la Secretaría de Hacienda a través del programa FORTAFIN, hubieran podido realizarse sin el conocimiento de Peña.
La hipótesis planteada por la Fiscalía de Chihuahua es que en esa operación se desviaron cerca de 250 millones de pesos de las arcas del estado para las campañas políticas del PRI, y ese modelo fue replicado en otros estados del país.
En ese sentido Corral fue enfático en señalar que de parte de su gobierno nunca se va a negociar la libertad de Duarte como sugirió se habría hecho en el caso de otros exgobernadores o personajes públicos que obtuvieron su libertad después de haber sido detenidos.
“No vamos a cejar en que los procesos se lleven hasta el fondo, hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope (…); ni antes, ni ahora ni después nosotros vamos entrar en negociaciones o compromisos oprobiosos, ominosos, no aceptamos nunca negociaciones en torno de estos temas”, advirtió.
Aquí en Chihuahua -dijo- no se va a admitir ningún tipo de acuerdo que pueda derivar en que después los principales responsables salgan con juicios o montos menores para reparar los daños.
Tampoco será como en otras entidades donde las investigaciones contra exgobernadores se encapsularon solo en el ámbito estatal, es decir, que no trascendieron a la esfera federal, sino que se irá hasta las últimas consecuencias, afirmó.
En la óptica del político panista será fundamental ahondar en el cúmulo de vínculos y complicidades que hubo entorno de la forma de operar la corrupción que quedó al descubierto con la llamada operación Justicia para Chihuahua.
“Porque acá hubo un concierto previo entre una red muy amplia de personas que actuaron el modelo de asociación delictuosa, para hacerse de cuantiosos recursos públicos para fines distintos a los que estaban destinados”, indicó.
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