En sesión extraordinaria, el fiscal Anticorrupción Abelardo Valenzuela, hizo entrega al cabildo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, de la notificación donde un juez de control ordena la reincorporación de 9 predios, con un valor comercial estimado en los 3 millones 598 mil 677 pesos.
Dichos bienes habían sido enajenados ilegalmente por servidores públicos en asociación con particulares, siendo este el primer acto de reparación del daño para una administración municipal.
Luego de ser aprobado por las y los regidores, el titular de la FACH explicó a los ediles que esta acción es resultado del trabajo en conjunto de las instituciones y de todos las personas servidoras públicas.
Además, agregó, de los testigos que valientemente decidieron colaborar con la autoridad, al denunciar las irregulares prácticas de exservidores públicos, mismos que derivaron en la detención de una alcaldesa por primera vez en la historia de Chihuahua.
Los terrenos que fueron devueltos al municipio fueron los siguientes:
1. Predio urbano ubicado en Lote 20 y 21 de la Manzana B, con un valor comercial calculado en 156 mil 614 pesos.
2. Predio urbano ubicado en Fracción del Lote 1, de la manzana 119, con un costo estimado de 552 mil 546 pesos
3. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Gómez Morín, con un valor de 897 mil 304 pesos
4. Predio urbano ubicado en Anexo Lote 4, de la Manzana “A”, con un valor de 175 mil 361.52 pesos
5. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Dublán y Calle del Eucalipto, con un valor de 171 mil 549 pesos
6. Predio urbano ubicado en Calle Manuel Dublán y Calle Privada de Manuel Dublán, con un valor de 244 mil 878 pesos
7. Predio tipo terreno urbano localizado en Calle 2 de Abril (Rosa Elvia Montiel Valdez), con un valor de 425 mil 742.32 pesos
8. Predio tipo terreno urbano localizado en Calle 2 de Abril (Mayra Selene Cardona Zapata), con un valor de 294 mil 164.48 pesos
9. Predio tipo terreno urbano localizado en Lotes 1-A, 1-B, 1-C y 1-D (Carlos Medida Medina), con un valor de 680 mil 517.78 pesos
Valenzuela Holguín expuso a los regidores, la síndico y alcaldesa que con la recuperación de activos se pretende inhibir las prácticas corruptas de servidores públicos.
Asimismo, el salvaguardar los derechos victímales que se contemplan en la Constitución, siendo muy clara la norma al establecer que será el Ministerio Público quien estará obligado a solicitar la reparación del daño y a su vez “nuestra norma adjetiva penal la cual establece como derecho de la víctima la reparación del daño por elemental justicia”.
Finalmente destacó que el llevar ante la justicia a los servidores públicos, con una investigación rigurosa, científica, técnica y profesional, requirió de una serie de elementos, que inició con la firme decisión de la denuncia.
«Por eso quiero felicitar a este cabildo, porque fueron ustedes los que permitieron que, en el caso particular del problema de aquí, fue gracias a su intervención valiente y decidida que nos permitió judicializar con éxito una carpeta de investigación para que se hiciera justicia”
“A la Fiscalía anticorrupción le interesa la justicia restitutiva y la justicia humanista, más que tener en la cárcel a los malos servidores públicos nos interesa que regresen los bienes ilegalmente distraídos”, dijo Abelardo Valenzuela.
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