En Chihuahua, la triple alianza que conforma la 4T para sacar al PRIAN del poder por primera vez en casi un siglo empieza a desgajarse, cual si fuera uno de esos cohetes espaciales que se van desarmando conforme agarran vuelo y toman altura.

Por un lado, el PT sigue con sus amagues de postular a la senadora con licencia Andrea Chávez al Gobierno del Estado de Chihuahua y batear de jonrón aquel acuerdo anunciado el 13 de mayo pasado, mediante el cual aceptaron jugar juntos en al menos las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Por otro lado, el PVEM ya “amachinó” la candidatura al Gobierno del Estado con Morena, pero ahora marcará distancia en todo lo que tenga que ver con la elección de diputaciones y ayuntamientos.

Cada loco con su tema o, mejor dicho, con sus cuentas electorales, porque todos creen que pueden ganar más si se van por cuenta propia.

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Los cálculos del partido del Tucán dicen que tienen posibilidades de ganar por cuenta propia en varios municipios y, en una de esas, aumentar su representación proporcional. Actualmente tienen solo una diputación plurinominal local y una federal de mayoría, la que ocupa Alejandro Pérez Cuéllar, el “primer hermano” de Juárez.

Fuentes del PVEM le contaron a Mirone que, según sus cálculos, les puede ir mejor si van solos en algunos municipios del estado y en coalición en aquellos donde no pintan demasiado en la votación total.

A la luz de los resultados de 2024, Mirone se pregunta dónde estarán esos municipios “de gane” para el Verde, porque obtuvo apenas 104 mil 657 votos como partido en solitario en las elecciones municipales.

Según los resultados electorales, el municipio donde cosechó más votos fue Juárez, con 20 mil 893, seguido por Chihuahua capital, con 13 mil 810. Son cifras que, por sí solas, muestran que esa morralla de votos no le alcanza para comprarse una regiduría en alguno de esos ayuntamientos, y menos para una segunda diputación “pluri”.

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El detalle que —según le cuentan a Mirone— tiene enfurruñado al PT es que ven cómo a ellos los batean a cada rato, mientras que al PVEM le sirven lo que pida y hasta le ofrecen postre. Ahí está la candidatura al Gobierno de San Luis Potosí, por ejemplo.

Por lo demás, los del Tucán superaron la barrera de los mil votos apenas en unos cuantos municipios, así que no resulta sencillo identificar dónde podrían competir por una presidencia municipal, salvo quizá en algunos de los menos poblados del estado o en aquellos donde sus votos tengan un peso relativo mayor.

Lo que viene, según le dicen a Mirone, se pondrá tanto o hasta más enredado que la elección de la candidatura al Gobierno, porque nomás no se dejó contento a nadie.

El cohete sigue subiendo. Lo que está por verse es quién se queda a bordo cuando llegue la hora de separar los módulos.

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Como ella no ha dicho nada, todo mundo le está dando vuelo a la especulación y a la imaginación respecto al siguiente paso que dará Andrea Chávez Treviño.

Tan mediática como es, para la tarde del jueves todavía era hora de que ni una palabra decía sobre el proceso interno de Morena, el instrumento que otra candidata perdedora identificó como “encuestas de papel”. Mucho menos publicó en sus redes alguna felicitación para el designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Cruz Pérez Cuéllar.

Al menos se aventó tres días de completo silencio, algo nada usual en la senadora con licencia. En los chats de sus distintos equipos de colaboradores tampoco ha dado señales de vida. Todos se quedaron en ascuas. No saben lo que viene.

De lo que se enteró Mirone es que hasta el lunes habría reunión de definición con su gente. Un día antes, su aliado Juan Carlos Loera tiene agendada otra encerrona dominical con sus apoyadores y asesores para discutir el camino a seguir y revisar los escenarios que se están poniendo sobre la mesa en cuanto a lo que decida hacer o no hacer Andrea Chávez.

Ni siquiera hay certeza de que, en la convulsa jornada del lunes 28, la juarense haya negociado algo en particular. Y como nadie sabe exactamente qué está pasando o cuál es el proyecto de la senadora con licencia, lo que hay es mera prospectiva política, revisión de escenarios o simple especulación sobre sus eventuales disyuntivas.

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Hay mayor coincidencia en que prácticamente tendría ya en la bolsa la alcaldía juarense y que para nada le haría el feo a quedarse con la joya de la corona morenista, que es una jugosa manzana presupuestal de más de 10 mil millones de pesos anuales, con el control de cientos de contratos y una gigantesca nómina para alimentar y engordar cualquier tipo de operación política.

La segunda opción es la de regresar al Senado de la República para seguir jugando en grandes ligas y abonarle a su crecimiento personal como figura de un necesarísimo relevo generacional en la grilla morenista, sin dejar de pensar en el proyecto de Chihuahua para 2033, pero operando primero en la burbuja guinda que deberá definir la sucesión presidencial de 2030.

Para concretar ese segundo escenario, hay quien considera que Andrea se estaría aislando del poder central si opta por quedarse en Juárez, aunque otros creen que no riñen ambos planes y que bien podría tener oportunidad de irse primero por lo local para empezar a hacer cochinito para el proyecto mayor estatal, antes de regresarse a acumular puntos en el juego nacional.

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Seguramente un factor en la definición tendrá que ver también con los compromisos que haya adquirido, los cuales podrían pagarse desde una posición con mucho margen de maniobra política y económica como la Presidencia Municipal más grande del estado.

Pero todavía hay un tercer escenario que, aunque sea poco probable de acuerdo con los propios morenistas, no deja de generar ruido: correr la vía rebelde y jugarla con un PT que justo está en la antesala de decidir si se alinea o va por vía separada, tanto en Chihuahua como en otros estados. Es un hecho que hubo molestia, tanto en el PT como en Andrea, respecto a cómo se jugó el proceso.

Y como tampoco hay claridad en cuanto a qué paso dará el PT, hay ahí otra coincidencia con la situación de la propia Andrea. Las tensiones políticas, la incertidumbre y la grilla en todo su esplendor seguirán todo el fin de semana. A menos que la senadora se decida ya a dar color y aparezca públicamente.

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También en terrenos azules anda muy intensa la grilla por las candidaturas para 2027, con todo y que la plaza trae la marca morenista.

Desde el interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) le llegó a Mirone la queja por la operación político-electoral que trae Gabriel García Cantú, el exdiputado local y exdirigente del Comité Municipal que quiere regresar al Congreso del Estado.

De acuerdo con el reporte, el asesor anda metido al 100 por ciento en la recolección de firmas de apoyo para pasar el segundo filtro que implementó el Comité Ejecutivo Nacional del PAN con los registrados como aspirantes a las distintas candidaturas.

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Nada más que lo estaría haciendo en horario laboral e involucrando en la tarea estrictamente partidista, pero de beneficio personal, a un grupo de trabajadores de la paraestatal asignados al programa de Guardianes del Agua.

Como ese personal anda en campo y el propio García Cantú también se la pasa en territorio con el programa Toca-Toca, de acuerdo con la denuncia que le llegó a Mirone, el asesor les asignó la recolección de firmas, con todo y la subida al sistema de la credencial de elector de cada persona visitada que acepta respaldar su candidatura.

Para acabarla de amolar, Gabriel se habría aventado el tiro de disponer del personal para su proyecto político, sin haber tocado base para nada con el director ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes Arroyo.

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Se puso buena la grilla al interior del PAN, ya que el distrito local 04 que busca García Cantú es peleado por varias figuras blanquiazules. Todas andan detrás de las mil firmas que deben sacar del 40 por ciento de las secciones electorales que conforman el distrito.

García Cantú la quiso agarrar facilita porque justo trae trabajo previo del Toca-Toca en el 04 local y ahí se llevó a chambear a los Guardianes del Agua.

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El proceso electoral en Chihuahua ha dado inicio con una calma chicha que nadie quiere reconocer.

El encono entre las fuerzas políticas que se disputarán los cargos, así como las acusaciones mutuas de estar vinculadas con el narcotráfico o de ser agentes del intervencionismo extranjero, son dos de los factores que ya tenían crispado el ánimo incluso antes de que llegara la fecha del arranque.

Sin embargo, el factor que más ha enrarecido el ambiente en esta etapa inaugural en Chihuahua es la sombra de la violencia que generan los grupos delictivos a lo largo y ancho de la Sierra Tarahumara, del corredor noreste y de diversos puntos donde existe una encarnizada lucha por el “control de la plaza”.

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Lo dicen, pero no lo reconocen. Tanto la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto, como el vocal del Instituto Nacional Electoral (INE), Alejandro Sherman Leaño, aseguran que existen condiciones de seguridad suficientes para llevar a cabo el proceso y descartan que una situación de violencia pueda provocar la cancelación de una elección.

Cualquiera entiende que la encargada del proceso estatal y el responsable de la elección federal digan que no hay “novedad en el frente” y que todos estamos listos para arrancar el proceso para renovar nueve diputaciones federales, 33 diputaciones locales, 67 ayuntamientos y la gubernatura.

Lo que está ahí, flotando en el ambiente, son los hechos ocurridos en elecciones recientes, cuando acciones de grupos armados alteraron el proceso a tal grado que obligaron a anular elecciones.

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El ejemplo no lo pusieron el IEE ni el INE, sino el Tribunal Estatal Electoral: lo ocurrido en el municipio de Ocampo, donde un grupo armado tomó prácticamente por asalto los paquetes electorales. Luego, parte de ese material fue encontrado tirado en el fondo de una barranca.

Lo que se dice entre dientes es que tanto el INE como el IEE serán muy cuidadosos al hablar de las condiciones de inseguridad en los puntos donde —todos sabemos— existe violencia entre grupos armados.

En este momento, se advierte —y ya lo admitió la presidenta del IEE— una seria dificultad para incrementar la participación electoral, pero también para convencer a los ciudadanos que resulten insaculados de aceptar el cargo de funcionarios de casilla.

Lo bueno es que, en aquellos casos de irrupción de grupos armados, solo se canceló una elección y se perdieron papeletas y paquetes.

Lo malo es que estuvieron en juego las vidas de funcionarios y representantes de casilla.