El Ayuntamiento de Juárez prepara un acuerdo para solicitar al Congreso del Estado endurecer las sanciones penales contra el maltrato animal, con el fin de que los castigos dejen de ser meramente simbólicos y sirvan para prevenir, sancionar y erradicar la crueldad hacia los animales.
La propuesta será presentada esta semana en sesión de Cabildo por la regidora Fernanda Ávalos Medina (PVEM) y se espera que obtenga el respaldo de la mayoría del cuerpo edilicio.
El exhorto plantea reformar los artículos 364, 365 y 366 del Código Penal del Estado de Chihuahua para incorporar agravantes específicas y penas proporcionales a la gravedad de los actos cometidos.
Actualmente, la legislación castiga el maltrato animal con penas de dos meses a seis años de prisión, además de multas, para quien lesione, torture o cause la muerte de un animal. Pero la norma permite beneficios procesales —como la suspensión condicional del proceso o el procedimiento abreviado con reparación del daño—, lo que en la práctica reduce el castigo y fomenta la impunidad.
El objetivo, según la propuesta municipal, es que el delito sea tratado con la misma severidad que otros actos de violencia social, de modo que las sanciones tengan un efecto disuasivo real y las víctimas no queden relegadas al olvido administrativo.
Durante las últimas semanas, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) y la Fiscalía General del Estado atendieron dos casos que evidencian la urgencia de la reforma: el de una perrita pitbull ahorcada y golpeada por su dueño en el barrio de La Chaveña, y otro en la colonia Nuevo Hipódromo, donde un hombre fue denunciado por infligir torturas a varios canes.
Casos como estos —explica el planteamiento del Cabildo— revelan la insuficiencia de las sanciones actuales y la necesidad de enviar un mensaje claro: el maltrato animal no es una falta menor, sino un delito que lastima la conciencia colectiva y debe castigarse con firmeza.
En estados como Querétaro, Sonora y Jalisco, los responsables pueden recibir penas de hasta diez años de prisión, especialmente cuando los actos de crueldad ocurren frente a menores de edad.
Uno de los casos más emblemáticos en Juárez es el de “Canelita”, una perra pitbull suspendida cruelmente de un árbol; su agresor enfrenta actualmente un proceso judicial. Otro antecedente es el de Mario P. C., vinculado por causar graves lesiones con un cuchillo al perro de sus vecinos.
El acuerdo que discutirá el Ayuntamiento no solo busca modificar la ley, sino marcar un cambio de paradigma: que la justicia en Chihuahua reconozca el maltrato animal como un acto de violencia que debe tener consecuencias reales.
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