La captura de Gerardo L. G., alias “El Tokio”, dejó al descubierto el nivel de vida que mantenía uno de los hombres señalados por las autoridades como objetivo prioritario y generador de violencia.
Su detención ocurrió durante un cateo en una residencia ubicada en Bosques de Senecú, un fraccionamiento exclusivo colindante con el Club Campestre, donde agentes de la Fiscalía General del Estado, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, aseguraron un arsenal, droga y una fuerte cantidad de dinero en efectivo.
Junto con “El Tokio” fue detenida Jaqueline Guadalupe G. P., de 30 años, mientras que ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.
Aunque el comunicado oficial únicamente lo identifica como un objetivo prioritario, diversas investigaciones periodísticas ubican a Gerardo L. G. como uno de los principales operadores de Los Mexicles, grupo criminal con presencia en esta frontera.
Reportes señalan que su historial delictivo comenzó desde los 19 años, cuando enfrentó su primer ingreso al Cereso por robo de vehículo.
Con el paso de los años acumuló antecedentes por narcomenudeo, portación ilegal de armas, daños y agresiones contra policías, hasta convertirse, según las autoridades, en uno de los principales generadores de violencia en esta ciudad.
Diversos medios de comunicación lo identifican como uno de los hombres que habría asumido un papel relevante dentro de la organización criminal tras la muerte de Ernesto Piñón de la Cruz, “El Neto”, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.
La residencia donde fue detenido
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el lugar donde ocurrió la captura.
Bosques de Senecú es un fraccionamiento residencial ubicado a un costado del Club Campestre, considerado entre los sectores de mayor valor inmobiliario de Ciudad Juárez.
La vivienda donde fue detenido está valuada, de acuerdo con reportes periodísticos, en más de 13 millones de pesos y cuenta con alberca, jacuzzi, amplios jardines, tres recámaras y cinco baños.
Trascendió que la residencia era rentada por aproximadamente 60 mil pesos mensuales a través de una empresa inmobiliaria, su propietario dijo desconocer que quien la ocupaba era el presunto líder criminal.
Incluso señaló que el contrato no estaba firmado directamente por Gerardo L. G., sino por terceras personas, por lo que ahora busca deslindarse de cualquier responsabilidad.
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