Las autoridades municipales tomarán medidas en la Policía Municipal para tratar de contener las violaciones de los derechos de las y los jóvenes; para ello deberan modificar los protocolos de actuación.
La medida permitirá evitar que los jóvenes siguan siendo criminalizados a partir de prejuicios de clase, identidad e incluso raza y origen migratorio.
De esto se habló este día en la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, presidida por la regidora Mireya Porras Armendáriz.
Victoria Padilla, representante del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), presentó una iniciativa ante los regidores.
Ésta consiste en la modificación a los manuales y protocolos de Actuación Policial, Prevención y Vinculación Social, Técnicas y Tácticas Policiales.
Todos estos instrumentos con los que son adiestrados los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), para el cumplimiento de su deber.
Los regidores escucharon nuevamente que la Policía, criminaliza a los jóvenes por sus tatuajes, vestimenta, porque cargan una mochila. Si son detenidos en determinados barrios o colonias, los abordan y los esposan solo porque les parecen sospechosos; entre otras prácticas y prejuicios violatorios de sus derechos, se expuso.
Investigación para sustentar cambios en protocolos se realizó por el INSYDE
Estos cambios a los protocolos, contendrán un capítulo completo relacionado con los derechos de las y los jóvenes; esto forma parte de un trabajo de investigación del Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), con el aval de FICOSEC, se indicó.
La regidora panista Amparo Beltrán Ceballos, conoció la propuesta en el Ayuntamiento 2018-2021; dijo que los cambios son respaldados por las organizaciones sociales: Casa Promoción Juvenil, Jaguares A.C.; también Techo Comunitario, Salesianos Desarrollo Juvenil del Norte y el programa juvenil Red Tira Paro.
Beltrán explicó que los cambios a manuales y protocolos de la actuación policial, se armonizarán con el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Juárez.
El Plan Municipal de Desarrollo del presidente Cruz Pérez Cuéllar, señala la “Seguridad Ciudadana”, es uno de los cuatro ejes principales; en ellos fundamenta su estrategia de gobierno para los próximos tres años.
En dicho plan, se reconoce el reto de profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública en materia de derechos humanos. También en cuanto a las leyes, valores éticos, inclusión y tolerancia para prevenir y erradicar violaciones a los derechos de las personas.
Prevalecen abusos en corporaciones de seguridad
Según el informe anual del 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Juárez se presentaron 326 quejas; de éstas, 171 fueron promovidas en contra de sus autoridades municipales.
Eso las colocó en el primer lugar de todos los municipios de la entidad. El segundo lugar, entre todas las autoridades con jurisdicción en el estado. Solo superados por la Fiscalía General del Estado.
El PMD reconoce que es necesario la elaboración de protocolos de atención a grupos vulnerables de la sociedad juarense, no solo con la población de las y los jóvenes.
Debe incluirse a migrantes, mujeres y mujeres trans que ejercen el trabajo sexual; estas últimas cotidianamente sufren de violencia institucional, derivada de la actuación policial.
De acuerdo con información de la Red Tira Paro, los municipios con mayor población juvenil son Juárez, con el 45.2 por ciento; y Chihuahua, con el 24.5 por ciento; con el grupo de edad de los 12 a los 29 años.
Tira Paro indicó que hay 40 mil jóvenes de esta frontera no lograron terminar con sus estudios en el pasado ciclo escolar.
También un alto porcentaje de sus padres no tienen acceso a derechos de seguridad social, como servicios médicos, lo cual también impacta significativamente su calidad de vida.
La Red gestiona programas de inserción educativa, laboral y social.
En esta misma ciudad, el 54.96 por ciento de la población juvenil, entre 12 y 29 años, no asiste a la escuela, según la citada asociación.
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