Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante la audiencia de vinculación contra Dalila G.H. y Fernando Q.O., propietarios de la funeraria Protecto Deco que fueron sujetos a proceso por fraude a 13 víctimas cuyos familiares estaban en el crematorio Plenitud, su defensa se centró en que no habrían cometido ilícito alguno y negaron acuerdos reparatorios con quienes contrataron sus servicios.
Mencionó que en la sesión, que se alargó durante poco más de siete horas de forma intermitente, las partes discutieron este punto, ya que la defensa señaló que lo ocurrido habría sido responsabilidad del propietario del servicio de cremación.
Por lo anterior, a diferencia de lo ocurrido en el resto de causas penales donde los jueces canalizaron a las partes al Instituto de Justicia Alternativa para llegar a un acuerdo reparatorio, en esta ocasión los acusados fueron quienes decidieron no llevar a cabo este proceso.
Debido a los antecedentes de investigación, el Ministerio Público demostró que las víctimas habrían contratado el servicio funerario, que incluía la velación y cremación del cuerpo y que les fueron entregados urnas con cenizas que no pertenecían a sus familiares, ya que sus cuerpos estaban entre los 386 cadáveres hallados en el crematorio en avanzado estado de descomposición.
Dicha situación, a criterio del juez de Control, constituyó un posible lucro ilegal por parte de los propietarios de la funeraria, lo que dio elementos suficientes para determinar un auto de vinculación a proceso penal en su contra.
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