La política social en México, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, está “sin rumbo ni destino cierto”, concluye el último diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Tras el análisis de 10 programas sociales, que aglutinan los mayores presupuestos federales o que tuvieron cambio en los últimos meses, el Instituto determina que dichos programas no generan certeza de disminuir la desigualdad.
Cuatro de ellos no tienen reglas claras y otros cuatro asumen que un ingreso adicional es suficiente para eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados, señala.
“Más aún, no hay mecanismos para verificar que los apoyos los reciben las personas que más lo necesitan”, menciona.
Insiste en que a pesar de que la transferencia de recursos incrementa el ingreso de las personas, no se crearon instituciones ni se generan capacidades para que los vulnerables puedan llegar a competir con otros grupos más privilegiados.
El Imco señala que tres de los seis programas eliminados (Prospera, Estancias Infantiles y Coinversión Social) no debieron cancelarse, ya que obtuvieron resultados positivos en sus evaluaciones.
“La autoridad federal tomó una decisión no solo en contra de la evidencia, sino del bienestar de los beneficiarios de estos programas que sí funcionaban de manera adecuada”, expone.
Advierte que las transferencias monetarias no resuelven las necesidades de los grupos vulnerados; Prospera perdió los criterios que garantizan impactos positivos a beneficiarios en alimentación y salud, además de que el Programa de Estancias Infantiles cambió su diseño, a pesar de haber tenido buenos resultados en evaluaciones.
Ante los resultados obtenidos en el diagnóstico, el Imco propone establecer con máxima transparencia los criterios, procesos y evaluaciones con los que operarán los programas en los que existe incertidumbre.
Garantizar que las políticas ofrezcan protección contra riesgos sociales y no solo redistribución de ingreso, así como evaluar la efectividad de los programas en base a metodologías definidas y transparentes y continuar con los esfuerzos del Sistema de Información Integral para consolidar un padrón único de beneficiarios de los programas de desarrollo social.
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