El decreto para regularizar automóviles internados de forma ilegal al país a través del Registro Público Vehicular (Repuve) ya cumplió su objetivo y otra ampliación podría ser un despropósito, declaró el recaudador de Rentas Zona Norte, Rogelio Loya Luna.
Será el próximo 31 de marzo cuando finalice este decreto, pero esta semana el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Brígido Ramiro Moreno Hernández, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) a ampliar la vigencia del programa.
En su petición establece una nueva fecha para que el trámite finalice: el 31 de agosto de 2023. Su argumento es que el limitado número de diligencias que se ofrecen en los módulos.
Sobre el tema, Loya Luna dijo que la idea era regularizar los vehículos que ya estaban en el país, legalizar su estancia y transitar a través de placas y tarjeta de circulación y ese fin ya se alcanzó.
Sin embargo, lo que se debe cuidar ahora es que sean vehículos que ya estén en el país y que los presenten físicamente a la hora de realizar el trámite, no que los estén metiendo de contrabando en la actualidad.
“Estamos en contra de que estén trayendo más vehículos ahora, faltando al decreto que se incumple y que establece con claridad que deben ser unidades que ya estén en el país”, enfatizó.
Cuando comenzó el programa el año pasado, se calculaban 80 mil vehículos circulando sin que estuvieran debidamente importados, pero la cifra de importados por Repuve supera los 100 mil.
Consideró que el hecho de que traigan más vehículos a la ciudad provoca que se sature todavía más y que el decreto es para quien lo necesite, no para hacer negocio.
El funcionario estatal mencionó que la autoridad local no tiene injerencia en la decisión para ampliar o no el programa y, aunque entran recursos a los gobiernos estatal y municipales, el fin del programa es la seguridad y que los vehículos que sean de primera necesidad para la gente que más lo necesita tengan sus placas.
Agregó que no le gustaría que se diera una ampliación más en el sentido de que el decreto ya cumplió su fin, que era regularizar los vehículos que ya estaban en el país y una nueva extensión “ya se presta a otras situaciones”.
Loya Luna mencionó que se debe buscar la forma de que todo mundo tenga sus placas, pero otra ampliación de la regularización podría ser un despropósito y generar que algunas personas lo usen como negocio.
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