Ejercicio ilegal del servicio público y coalición son los delitos por los que se ordenó la aprehensión del exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno, cuya detención fue reportada este sábado en la avenida La Cantera, en Chihuahua capital.
Así lo establece un oficio judicial fechado el 16 de octubre de 2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, que también dispone la captura de Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El documento, con número de oficio 53095/2026, aparece firmado por Luis Alberto Simental Ortega, juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Morelos, y está dirigido a la agente del Ministerio Público Anabel Amparán Delgado.
¿Qué señalamientos contiene contra Jáuregui?
El primer resolutivo ordena la aprehensión de Jáuregui y Zuany por su probable participación como coautores en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, en perjuicio del servicio público.
Para ello, cita los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado.
Un segundo resolutivo establece otro señalamiento contra Jáuregui, en calidad de autor material, relacionado con la fracción IV del artículo 253.
La fotografía del oficio contiene únicamente los puntos resolutivos: no describe las conductas concretas que la Fiscalía atribuye al exfiscal ni los antecedentes de la investigación.
También ordenan capturar a Zuany
Además de los señalamientos que comparte con Jáuregui, el documento establece una orden contra Guillermo Arturo Zuany Portillo por falsedad ante autoridades con penalidad agravada, prevista en el artículo 308 del Código Penal estatal.
Ese señalamiento aparece de manera específica contra Zuany, no contra Jáuregui.
El oficio indica que la resolución se emitió tras valorar los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de captura.
También dispone que se entregue una copia certificada a cada imputado al momento de su detención y que, inmediatamente después, sean puestos a disposición del tribunal.
Aunque el documento permite conocer los delitos que sustentan el mandamiento judicial, no acredita por sí mismo la ejecución de las órdenes ni establece responsabilidad penal definitiva.
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