El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este martes que existen órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, tanto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) como de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Preferiría que fuera la fiscalía la que informara, pero sé que las dos fiscalías tienen una orden de aprehensión en su contra”, declaró el funcionario al ser cuestionado sobre la situación jurídica del exservidor público durante la conferencia mañanera de este 10 de noviembre.
El ex funcionario, quien renunciara a su cargo después de que quedara al descubierto la presunta intromisión de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara, había presentado un amparo de los llamados “buscadores”, donde pedía a la justicia federal la protección contra cualquier acción penal que hubiese en su contra por esos hechos.
En la conferencia, García Harfuch evitó ofrecer detalles sobre las imputaciones y remitió a las fiscalías la responsabilidad de informar sobre el contenido de las órdenes y el avance de las investigaciones.
}Sin embargo, su declaración confirma que el caso tiene consecuencias judiciales tanto en el ámbito estatal como en el federal.
En el fuero local, la Fiscalía estatal ha relacionado a Zuany Portillo con presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
El exfiscal, cuyo paradero se desconoce, promovió un juicio de amparo que, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, impide, por ahora, ejecutar la orden de aprehensión estatal.
En el ámbito federal, la existencia de otra orden fue confirmada por García Harfuch, aunque hasta el momento no se han precisado públicamente los delitos que la sustentan ni los elementos que llevaron a la FGR a solicitarla.
Las investigaciones se desprenden de la controversia generada por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el operativo de El Pinal, así como por las circunstancias en que participaron en las actividades de seguridad en territorio mexicano.
En mayo pasado, Harfuch señaló que la investigación no estaba dirigida contra la gobernadora María Eugenia Campos, sino a determinar las condiciones legales de la actuación de agentes extranjeros en el país.
La confirmación de las órdenes de aprehensión abre ahora nuevas interrogantes sobre el alcance de las investigaciones y el papel que habría desempeñado el exfiscal como enlace con los agentes estadounidenses.
Por lo pronto, el secretario federal confirmó que ambas fiscalías cuentan con órdenes contra Zuany Portillo, pero dejó en manos de las autoridades ministeriales la explicación de los cargos y de los elementos que sustentan las acciones judiciales.
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