La Auditoría Superior del Estado (ASE) multó con 35 mil 193 pesos a una servidora pública de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), debido a que la institución se negó a entregar los comprobantes de un millón 12 mil 254.42 pesos gastados mediante tarjetas empresariales y en la asistencia de personal a una cena-baile.
La documentación fue requerida durante la fiscalización de la cuenta pública 2025, luego de que la ASE detectó que la Universidad erogó 4 millones 179 mil 191.83 pesos en la subcuenta denominada “Congresos, convenciones y exposiciones”.
De ese monto, el órgano fiscalizador seleccionó para su revisión una muestra de un millón 306 mil 874.92 pesos. Sin embargo, la UACJ proporcionó información parcial y se negó a presentar los documentos correspondientes a más de un millón de pesos.
Los recursos sin comprobar están registrados bajo los conceptos de “pago de tarjetas empresariales” y “pago para asistencia del personal de la UACJ a una cena-baile”.
De acuerdo con la ASE, las tarjetas empresariales estarían asignadas a servidores públicos de primer nivel. No obstante, hasta el momento ha sido imposible determinar el uso y destino del dinero, debido a que la Universidad se ha negado reiteradamente a proporcionar documentación soporte, estados de cuenta bancarios, lineamientos y aprobaciones.
Ante la negativa, la Auditoría radicó el expediente PIM-001/2026 y, con fundamento en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, impuso una multa equivalente a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
La sanción tiene carácter individual, por lo que deberá ser cubierta con recursos propios de la servidora pública infractora y no con cargo al presupuesto de la Universidad.
La ASE recordó que la UACJ es una entidad paraestatal de derecho público y que su patrimonio conserva una naturaleza pública. Por ello, está sujeta a las normas en materia de presupuestación, contabilidad gubernamental, control, vigilancia, evaluación, rendición de cuentas y fiscalización.
Podrían iniciar procedimiento por desacato
Esta es la primera ocasión en que un ente auditado en el estado de Chihuahua se niega a proporcionar información a la Auditoría Superior del Estado.
El órgano fiscalizador advirtió que, si persiste la negativa, iniciará un procedimiento de responsabilidades contra el servidor público que haya ordenado impedir la entrega de los documentos.
La conducta podría configurar la falta administrativa grave de desacato, prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En ese caso, correspondería al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinar la sanción, que podría ir desde la suspensión del cargo hasta la inhabilitación de las personas involucradas.
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