Detrás de su abrupta salida como representante del Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPFCH) existe un escrito en el que el empresario Manuel Sotelo Suárez alertó sobre malos manejos, desvío de recursos y posible corrupción al interior del organismo.
Lejos de atender la advertencia ciudadana los integrantes del Comité Técnico en contubernio con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) echaron a Sotelo y usurparon su lugar.
Peticiones que lo explican todo
El escrito de Sotelo fechado el 16 de diciembre de 2019 incluye un pliego de peticiones relacionadas con transparentar el uso de recursos y corregir irregularidades, como la aplicación no autorizada de los mismos en obras que pudieran tener un interés político electoral por parte de la actual administración estatal, de acuerdo a lo que establece una investigación documentada de Norte Digital.
En el texto -del que fue enviada una copia a medios de comunicación- se señalan siete puntos específicos que debían ser puestos en conocimiento de los integrantes del Comité Técnico del FPFCH para que estos pudieran revertir la irregularidad.
Lejos de hacer eso, los remitentes optaron por sacar a Sotelo y evitar que siguiera cuestionando los malos manejos.
Visibilizando los incumplimientos
En su punto número uno el escrito de Manuel Sotelo advertía que el fideicomiso estaba incumpliendo términos del Título de Concesión, y que si no se hacían las correcciones necesarias, la Concesión podía ser retirada al estado de Chihuahua.
Para probar la advertencia Sotelo adjuntó copia de un oficio federal firmado por el director general de Desarrollo Carretero de la SCT, Ricardo Erazo García Cano.
“A la fecha (4 de diciembre de 2019) esta Secretaría no ha autorizado el inicio ni la realización de obra alguna en beneficio del municipio de Juárez”, advertía García Cano.
Sin embargo para entonces ya se habían licitado 27 obras en la ciudad y apenas 4 de las 11 que ordenaba el Título de Concesión para la modernización de los puentes internacionales.
El oficio de García Cano también advertía que esas obras no habían sido informadas formalmente a la SCT y que tampoco se autorizarían hasta que no se acreditara que se llevarían a cabo “con recursos remanentes, de conformidad con el título de concesión”.
Aún después de la advertencia plasmada en ese documento oficial del 4 de diciembre, el Fideicomiso continuó tomando recursos para más obras.
De diciembre de 2019 a julio de 2020 ya están en ejecución otras 17 obras que, igual que las primeras, significan una violación al Título de Concesión.
El mismo documento del funcionario de la SCT lo advierte:
“En caso de que la Concesionaria incumpla las condiciones establecidas en el Título de Concesión, la misma se hará acreedora a las sanciones que correspondan de conformidad con la normatividad aplicable en el caso concreto”.
La advertencia
En los puntos 2, 3 y 4 de su escrito, Sotelo pedía que se informara a los integrantes del Comité Técnico tres cosas:
-Que la SCT no había autorizado el inicio ni la realización de ninguna obra en beneficio del municipio de Juárez.
-El estado que guardan las obras en la ciudad, autorizadas en la sesión del 30 de mayo de 2019 respecto de las cuales se habían llevado a cabo al menos 27 licitaciones pese a no contar con la autorización de SCT.
-Que el Modelo Financiero con el que podría justificarse la realización anticipada de obras en la ciudad se habían entregado apenas el 19 de noviembre.
Después de estos tres aspectos el punto 5 del documento advertía que sin Modelo Financiero aprobado no era posible acreditar el estado de las finanzas del Fideicomiso y tampoco se podía aprobar el presupuesto del año 2020.
Sería como aprobar el uso de recursos a ciegas.
En ese mismo inciso se requería que se explicara por qué en el presupuesto 2020 que presentó el director del Fideicomiso, se contemplaba un incremento del 34 por ciento, más de 70 millones de diferencia con el año anterior.
En el punto 6 se solicitaba que se dejara pendiente de autorizar la estructura administrativa ya que “sin Modelo Financiero y sin presupuesto autorizado no se podía saber si el fideicomiso iba a tener recursos para un aumento del 34 por ciento”.
En el último punto se requería que se informara a los integrantes del Comité Técnico que los recursos provenientes de la explotación de la concesión, son federales y por ende, las obras que se realizan con los mismos, tanto de modernización de los Puentes Internacionales como de infraestructura en la ciudad, debían ser sancionadas por la SCT.
En respuesta: la expulsión
El escrito entregado por Sotelo desde el 16 de diciembre del año pasado -tuvieron más de siete meses para leerlo- debía ser discutido en la sesión del 3 de julio pasado.
Pero un día antes Sotelo Suárez fue retirado de su posición como representante de la sociedad civil en una maniobra que ni el presidente del CCE ni el director del FPFCH pudieron sustentar legalmente cuando fueron cuestionados para este reporte.
Las siete peticiones de Manuel Sotelo Suárez, plasmadas en el escrito entregado en la sesión del Comité Técnico del 16 de diciembre de 2019, implicaban que el fideicomiso tuviera que transparentar sus finanzas y reconocer que había estado incumpliendo con el Título de Concesión, poniendo en riesgo que se pierdan los recursos que tanto costó conseguir a los juarenses.
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