En lo que va del 2022, se tiene registro de un caso de violencia doméstica y otro de violencia política; así como el homicidio de una síndica en el municipio de Guachochi.
Ayer, el Tribunal Estatal Electoral resolvió un caso de violencia política de género contra el diputado federal por Acción Nacional, Mario Mata Carrasco.
Esto después de que la senadora por Morena, Bertha Caraveo Camarena, presentó una denuncia ante el órgano electoral en contra del legislador.
Caraveo Camarena pidió que, como parte de las medidas reparatorias, el diputado tome un curso intensivo de perspectiva de género, «para que nunca más vuelva a violentar a cualquier mujer».
La denuncia se desprende de una publicación de Mata Carrasco en sus redes oficiales contra una columna divulgada en medios de comunicación por la senadora.
La publicación en la cuenta oficial del panista en Facebook decía: «por fin despertó la supuesta senadora de Chihuahua. Solo sabe repetir lo que su amo le dice cuando jala la correa; que salió electa en una tómbola un domingo en un parque desconocido en un parque recóndito de Juárez. La gris representante de nuestro estado no ha destacado en ningún área. Claro que nadie lo escucho o declaro debido a lo invisible que es la senadora. Me imagino que esta falta de luz de brillo propio le produce una desazón que le causa insomnio. No sabe escribir ni leer, mucho menos sumar y restar. La iletrada y casi analfabeta señora, según esto senadora, no conoce la ‘o’ por lo redondo, yo sé que su IQ no le da para más» (sic).
Aparte, los primeros días de marzo, se ventiló el caso del presidente municipal del PAN, Joob Quintín Flores, acusado por su expareja de violencia doméstica.
La demanda desembocó en un proceso judicial contra el panista, a quien le atribuyen actos de violencia doméstica contra su expareja, quien alegó daño emocional.
El llamamiento señala actos como amedrentar, controlar y agredir de manera psicológica, en hechos sucedidos en julio del año pasado.
El hecho también provocó la opinión del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
«Creo que es un tema que el regidor debe saber cómo va a manejar. Considero que es muy importante respetar la presunción de inocencia. Mi opinión es que se investigue», dijo.
El 21 de febrero, a la síndica de Guachochi, Dayra González, la asesinaron a puñaladas en su vivienda, presuntamente fue su expareja.
Las versiones refieren que el responsable del asesinato pudo haber sido la expareja sentimental de González Moreno. Hasta el momento no se reporta la detención del presunto atacante.
El hecho violento provocó la protesta de organizaciones de mujeres en el estado, exigiendo el esclarecimiento del caso a través de desplegados.
En una publicación dirigida a la gobernadora Maru Campos; a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y al alcalde de Guachochi, José Miguel Yáñez Ronquillo; les recriminaron la falta de una política pública articulada, con suficientes recursos, como la causa que impide erradicar la violencia contra las mujeres.
En ese contexto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseveró que se ha registrado un incremento de estos casos de violencia contra la mujer; esto, ante su mayor participación en la política.
El registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género identifica 181 registros; 160 personas sancionadas, de las cuales 133 son hombres y 27 mujeres.
El mayor número de sanciones son en Oaxaca, con 44; Veracruz, con 30; Baja California, con 13, y Chiapas, Sonora y Tabasco, con nueve.
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