“Pido al juez que interceda por mi vida. Estoy amenazado de muerte si declaro lo que voy a declarar. Quiero hacer responsable al procurador de Baja California Sur y a los agentes ministeriales que llevan este caso penal instruido en mi contra”.
Estas son las primeras palabras de la declaración de Roberto Guadalupe González Martínez, de 51 años, ante el juez de control de Los Cabos, Baja California Sur, en la audiencia que tuvo lugar el lunes 7 de octubre, publicó Animal Político.
González Martínez, vendedor de bienes raíces y jugador de golf, tiene abiertas dos carpetas de investigación.
En la primera, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) lo acusa del asesinato de su amigo José Arredondo, de 58 años, quien apareció muerto el 16 de julio. Por este motivo, desde el 27 de julio se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Los Cabos, con la imputación de “homicidio calificado con ventaja y con saña”.
José Arredondo era un empresario nacido en Michoacán, pero que desde los 12 años residía en Estados Unidos. Allí era muy conocido por ser el dueño de grandes negocios automotrices en Bakersfield y por ser el padre de Samuel Kim, cantante de K-Pop, un popular estilo coreano.
En la segunda carpeta, la Fiscalía General de la República (FGR) indaga la desaparición de González Martínez ocurrida en Los Cabos, Baja California Sur, entre el 19 y el 27 de julio. Él asegura que fue secuestrado por policías estatales a los que acusa de torturarlo para confesar un crimen. En la primera audiencia, celebrada el 28 de julio, las autoridades llegaron a hablar de “autosecuestro”, según una información de Telemundo.
La declaración del pasado lunes de González Martínez fue motivada por trámites de la primera carpeta, la del asesinato. Ambas tienen una relación estrecha. Su abogado, Jaime Salomón Tacher Urbina, asegura que fue “secuestrado y torturado” para vincularle a un crimen que no cometió.
“Hemos encontrado que el señor Roberto y los diversos testigos que presentaremos han sido amenazados de vida, han tenido que cambiarse de domicilio, han sido secuestrados, en el término legal de la privación de la libertad, y todo esto por agentes del Ministerio Público. Estas son personas que han sufrido en su propio cuerpo los estragos de ser secuestrados. Y esto en aras de una labor inepta y sin escrúpulos de la procuraduría, que no ha podido dar pauta para encontrar un verdadero culpable y se ha ceñido a dar un resultado rápido en lugar de un resultado certero”, dijo el abogado para presentar el caso.
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