El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua inició su gestión en el presente ciclo del Sistema de Justicia Estatal con la adscripción de los jueces que resultaron electos en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para desempeñarse en la materia penal.
Son en total 135 jueces penales los que tienen ya su respectiva adscripción o especialidad, así como el distrito donde ejercerán su cargo en los siguientes años.
El distrito con la mayor cantidad de jueces penales es el de Morelos, con cabecera en la capital del estado, con un total de 54, mientras que el de Bravos, con asiento en Ciudad Juárez, tendrá 47.
El distrito fronterizo tendrá ocho jueces penales menos que el de Chihuahua, pese a que Juárez es la ciudad más poblada y con mayor incidencia de delitos.
La adscripción con el mayor número de jueces es la de Control, con un total de 53, seguida por las relacionadas con violencia de género, con 31, entre las cuales se incluyen las especialidades de adolescentes, control, enjuiciamiento y sistema tradicional.
Habrá, además, seis juzgados de enjuiciamiento, incluido uno para adolescentes; cuatro de Teviogen (Tribunal Especializado en Violencia de Género) de Control; cuatro juzgados Mixtos Especializados en Violencia de Género de Enjuiciamiento, así como tres Mixtos Especializados en Violencia de Género de Control.
La justicia para adolescentes tendrá seis juzgados; los especializados en narcomenudeo, ocho, misma cantidad que los juzgados que aún operan con el sistema tradicional.
De las casillas electorales a los juzgados
La adscripción de salas penales fue producto de un acuerdo del Poder Judicial del Estado mediante el cual quedaron adscritas las juezas y los jueces en materia penal electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, quienes deberán incorporarse a sus funciones el próximo 8 de septiembre de 2025.
Según el documento aprobado en sesión extraordinaria del Órgano de Administración Judicial, la adscripción a tribunales constituye una medida de carácter administrativo y operativo, que no altera la jerarquía, atribuciones ni obligaciones inherentes al cargo de las personas juzgadoras.
El acuerdo precisa que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los jueces penales tienen competencia en todo el territorio estatal y pueden actuar en distintas etapas del proceso penal, incluyendo ejecución, enjuiciamiento, control y justicia para adolescentes.
Asimismo, se establece que, en casos de urgencia o ausencia de titulares, los jueces podrán ejercer funciones en otros distritos judiciales sin necesidad de un nombramiento adicional, con el fin de garantizar la continuidad en la impartición de justicia.
La Dirección de Gestión Judicial Penal será la instancia encargada de coordinar estos apoyos, considerando criterios como cercanía territorial, recursos humanos y equilibrio en las cargas de trabajo.
El acuerdo también subraya que las adscripciones no afectan los derechos, prerrogativas ni percepciones económicas de las y los juzgadores, quienes conservarán en igualdad de condiciones su investidura y deberán desempeñarse bajo los principios de igualdad, no discriminación y seguridad jurídica.
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