Activistas del Frente por la Defensa de El Chamizal manifestaron su inconformidad en contra del alcalde y la gobernadora por las posturas que han adoptado en los últimos días respecto a la construcción de un centro de convenciones en El Chamizal.
Coincidieron que es urgente que el Gobierno Federal tome las decisiones jurídicas necesarias que definan el futuro del parque.
Sostuvieron que este debe ser declarado parque nacional, para evitar que continúe su depredación.
Los activistas Leticia Chavarría, Leticia Padilla y Leobardo Alvarado, en conferencia de prensa, ratificaron las demandas del movimiento e hicieron un llamado al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, y a la gobernadora, María Eugenia Campos Galván.
Este día, plantearon que ambos gobernantes se aliaron al grupo de empresarios que impulsa la construcción del centro de convenciones.
Respecto a la gobernadora, dijeron que su abierto apoyo al proyecto de la iniciativa privada pasa por encima de los derechos de los ciudadanos, y es violatorio a la cláusula nueve del contrato, mediante el cual la Federación cedió el parque al Municipio en 1989. De tal manera que las autoridades estatales no están facultadas para tomar ninguna clase de decisiones sobre su destino.
“Su desconocimiento solo revela falta de sensibilidad hacía las legitimas demandas de la ciudadanía(…)”, señalaron.
Recordaron que en estos momentos no puede haber ni permisos ni autorizaciones para la construcción pretendida por los empresarios, dado que el decreto de donación enunciado, es facultad exclusiva de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Puntualizaron que incumplir parcial o totalmente con lo estipulado puede ser motivo de reversión y el bien público puede regresar a la Federación.
Desafío al Gobierno Federal
Los activistas señalaron que el alcalde desafió al Gobierno Federal. Recordaron que el 1 febrero del año en curso, se acordó con María Luisa Albores, titular de la Semarnat, con activistas y empresarios, que el parque conservaría su estado actual de cosas hasta que se practicarán estudios y análisis topográficos y jurídico, para determinar las acciones de su reordenamiento.
No obstante, las autoridades permitieron trabajos de construcción en el parque sin que hayan terminado los estudios.
Sin embargo, con la construcción del estacionamiento de la Planta Flex del parque industrial Omega, y la realización de un magno evento, se violentó el acuerdo.
Sostuvieron que un proyecto “faraónico” como el que pretenden (centro de convenciones), no tiene cabida en una ciudad depauperada como la nuestra.
Calificaron el proyecto empresarial como una pretensión que raya en lo “delincuencial”; esto, porque proponen utilizar descomunales cantidades de agua tratada para adornar su centro de convenciones, el cual estaría rodeado de un río, cuando es importante recargar el acuífero de la ciudad y ampliar las áreas verdes para ese propósito.
Defendieron la visión de que donde quieren construir, no son “hoyos” ni es un lote baldío, sino el antiguo cause del Río Bravo y en el actualidad un vaso natural de captación de agua de lluvia. El cual es muy importante para la recarga de los sobreexplotados mantos freáticos.
Finalmente confiaron en que los representantes de la Semarnat resolverán con base al estado de derecho y cancelará todos los comodatos que se otorgaron de manera ilegal durante varias décadas.
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