La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar primero las impugnaciones presentadas contra la Ley General de Comunicación Social, antes que el plan B de la reforma electoral.
Por medio de un comunicado, la CJEF solicitó a la presidenta de la SCJN, Lucía Piña, que en orden de prelación y por seguridad jurídica, proceda a resolver primero la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social, el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a esa norma, aprobada en diciembre de 2022.
Recordó que esa ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en el Senado, la CNDH y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.
La Consejería Jurídica dijo que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/ 2018, la SCJN consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta.
Esto es contrario a lo que ahora se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B).
Criticó que hasta la fecha la SCJN no ha dictado sentencia definitiva, pese a que han transcurrido cinco años desde su impugnación en 2018.
Explicó que su solicitud es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México.
Por ello, la CJEF hizo un llamado a la SCJN para que “resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
El pasado martes, la CJEF condenó la filtración del proyecto de sentencia que el ministro Alberto Pérez Dayán presentara, en el que propone invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral, impugnada por la oposición.
La consejería acusó que la Suprema Corte no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual, afirmó, contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno.
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