La oficina local de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solicitó que se investigue el actuar del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), tras los señalamientos de la existencia de una presunta red de empleados federales dedicada a extorsionar a los migrantes que llegan a Ciudad Juárez vía aérea.
Zulay Alaid Abbud Esparza, titular de la oficina de CEDH en Ciudad Juárez, mencionó que a raíz de la publicación de una nota periodística en Norte Digital, se dio vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que tome conocimiento de lo que se está denunciando de forma pública.
Subrayó que por tratarse de empleados federales quienes están incurriendo presuntamente en hechos ilícitos, le correspondería en su caso el tema a la Cndh, por lo cual se le envió una solicitud escrita dirigida a José Luis Armendáriz González, responsable en Ciudad Juárez de la CNDH, para que se dé por enterado.
Anotó que en cuanto a las quejas en la CEDH, no tienen registrados casos de hechos ocurridos en el aeropuerto, sin embargo no descartaron que estén ocurriendo, en el entendido de que las personas en movilidad tienen miedo a denunciar abusos de autoridades.
“Lo que hicimos fue girar un oficio como para darles vista en los hechos y en determinado momento que sean ellos quienes inicien las indagatorias correspondientes”, enfatizó.
Indicó que este tipo de actuaciones por parte de los organismos derecho humanistas se denominan quejas de oficio, al no haber petición de parte, sin embargo transcienden en la opinión pública.
Sobre la información expuesta, comentó que lo que más preocupa es que el abuso pueda venir de una autoridad mexicana que tiene como fin garantizar un trato digno y humanitario a las personas en contextos de movilidad.
Enfatizó que lo más preocupante es que la ciudadanía en lugar de ver a las autoridades o las instituciones, como garantes de sus derechos o quien “les puede tender la mano”, en realidad sea alguien que los haga víctimas de alguna extorsión, si es que los hechos resulten ser ciertos.
Abbud Esparza reiteró que las personas en movilidad no deben ser tratadas como delincuentes, a menos que se les impute un ilícito, ya sea cometido en flagrancia o hechos específicos por parte de alguna autoridad.
“Mientras tanto no son delincuentes entonces no deben de ser vistos y mucho menos ser tratados como personas que son delincuentes”, dijo.
Subrayó que de acreditarse los hechos, sería una conducta muy grave por parte de una persona servidora pública, en donde los códigos incrementan la pena.
Invitó a quienes pudieran estar siendo afectados, a comunicarse con los organismos de derechos humanos.
En el caso de la EDH, dijo que se pueden comunicar al número 656 2 51 97 50 o para emergencias al (656) 613-5697.
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