De acuerdo a testimonios de personas en movilidad atendidas por la organización Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), alrededor de un 40 por ciento refiere haber sido despojado de diversas cantidades de dinero, por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Alejandra Corona, coordinadora de la institución en Ciudad Juárez, mencionó que brindan servicio a alrededor de 200 personas por mes, donde unas 80 de ellas refieren que en su trayecto hasta esta frontera, han sido abordadas por los elementos, quienes les quitan recursos bajo la amenaza de regresarlos hacia el sur de México.
Señaló que los casos de acompañamiento que hacen son a migrantes que se desplazan en autobús y estos indican que es común por ejemplo, que en el punto de revisión conocido como Precos, a la altura del poblado de Samalayuca, es donde se cometen ese tipo de actos irregulares.
Mencionó que lo correcto es que el INM les respete a los extranjeros en su tránsito cuando ya tienen su cita agendada con Estados Unidos, por medio de la aplicación CBP One, sin embargo lo que ocurre en la realidad, es que “no le hacen caso a este permiso” y en cambio si “les piden una cuota por poder pasar Precos”.
Señaló que las cantidades son muy variables en cada caso.
Corona agregó que en general los migrantes tienen un “miedo genuino” a interponer alguna queja o denuncia, al creer que podrían sufrir represalias por parte de las autoridades, de tal manera que han empezado a promover la denuncia anónima, al menos para que haya constancia de lo que está ocurriendo y no “se quede en total impunidad”.
Aún así, indicó, alrededor de un 90 por ciento de los que sufren los abusos de parte del INM, no se atreve a exponer los casos mediante el anonimato.
Añadió que además de la extorsión, se advierte un trato discriminatorio o xenofóbico a los migrantes, lo cual contradice el objetivo del INM.
La coordinadora de JRS en Juárez anotó que en los actuales tiempos electorales sí se advierten más abusos a los migrantes, con el pretexto de la opacidad que rodea a las acciones de las autoridades, por el tema de la veda informativa.
Dijo que esperan que una vez pasadas las elecciones, se puedan dar definiciones de la política pública abierta, a través del gabinete de trabajo que opere el tema migratorio con el próximo presidente de México.
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