La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral (IEE) solicitó al departamento jurídico del órgano electoral la intervención de la Fiscalía General del Estado para investigar actos de hostigamiento y desalojo de espacios públicos por parte del alcalde de Juárez, Armando Cabada, contra voluntarios que recopilan firmas para solicitar la revocación de su mandato.
Los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE, Gerardo Macías, Georgina Ávila Silva y Saúl Rodríguez Camacho, consideraron necesaria la intervención de la Fiscalía General del Estado, con motivo de la denuncia presentada ante el Instituto por parte de Jesús Saláiz, líder de Revocación de Mandato JRZ y promovente de la solicitud del plebiscito para consultar a los ciudadanos sobre la revocación del presidente municipal de Juárez, Armando Cabada.
El pasado 14 de septiembre, Saláiz acudió ante el IEE para exponer por escrito una serie de conductas que pueden ser sancionadas en el ámbito electoral y en posible violación a lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana.
De acuerdo a Saláiz, “han ocurrido actos de hostigamiento, vigilancia, intimidación y desalojo de espacios públicos de las personas voluntarias que recopilan las firmas para solicitar la revocación de Cabada”.
El denunciante presentó la relatoría de hechos ante el Instituto Estatal Electoral, acompañada de una serie de fotografías y argumentos sobre como pruebas del actuar de las autoridades municipales, policías y escoltas del alcalde. Al menos 5 incidentes han sido documentados sobre el hostigamiento y desalojo de personal de Policía y Tránsito.
Dentro de la narrativa de los hechos denunciados por Saláiz, manifestó la manera como en repetidas ocasiones unidades de la Policía Municipal, así como personal de la presidencia, han obligado a retirarse de espacios públicos a los voluntarios que buscan la firma de los ciudadanos para pedir la revocación del alcalde.
“Esta Comisión de Quejas y Denuncias del IEE estima conveniente dar vista a la Fiscalía General del Estado, con copia certificada de los escritos presentados por Jesús Saláiz y que dieron origen al presente expediente”, dicen los consejeros en su resolución.
El propósito de pedir la intervención de la Fiscalía General, es para contribuir en la investigación de los hechos posiblemente constituibles de algún delito de tipo electoral y posiblemente penales, y en su momento definir si procede una denuncia formal.
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