La Auditoría Superior del Estado puede actuar con una auditoría en tiempo real sobre la ejecución del contrato para instalar la Plataforma y construir la Torre Centinela, señaló René Moreno Medina, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
“La Auditoría Superior tiene la facultad de hacer una auditoría en tiempo real, no tiene que acabar la cuenta pública para que ya se pueda empezar a revisar”, dijo Moreno Medina, quien por mandato de ley preside también el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (justamente en su calidad de presidente del CPC).
El representante ciudadano indicó que esa función está completamente en el ámbito de actuación de la Auditoría Superior “pero hasta donde yo sé no se ha buscado hacer una auditoría en tiempo real”.
Agregó que tampoco los otros entes públicos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), han actuado conforme a sus atribuciones en relación a este tema de gran trascendencia por la inversión de 4 mil 200 millones de pesos para presuntamente atender la problemática de inseguridad y violencia.
En el SEA participan los titulares de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Fiscalía Anticorrupción. Además del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura.
Desde el 21 de julio, Norte Digital publicó que Seguritech, la empresa a la que el Gobierno del Estado le adjudicó el contrato de construcción de la Torre e implementación de la Plataforma Centinela, ha sido señalada en otros estados del país por aplicar sobreprecios en sus equipos, entregar unidades obsoletas y no comprobar gastos de inversión para su mantenimiento.
Denuncia cerrazón y simulación de instituciones
“Desde la vía institucional estoy viendo cerrazón más que nada cuando hemos intentado discutir el punto. Ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Secretaría de la Función Pública por medio del órgano interno de control, ni la Auditoría Superior del Estado por medio de una auditoría en tiempo real o el organismo garante que es el Instituto Chihuahuense de Transparencia”, expresó.
Moreno Medina, también integrante de la organización Wikipolítica Chihuahua, dijo que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el la Función Pública, por medio del órgano interno de control, deberían estar haciendo labores de investigación precisamente para solventar que no haya irregularidades en el proceso.
Consideró que el órgano garante también podría actuar, buscando hacer una prueba de interés público, ante los acuerdos de reserva para no proporcionar información, que promovieron la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de Hacienda.
El 25 de marzo, el Comité de Transparencia de la SSPE emitió el acuerdo ACR-01-2022 y confirmó la clasificación de la información del contrato y del proyecto para construir la Torre e implementar toda la Plataforma Centinela como “de carácter reservada”.
El acuerdo argumentó a favor de las hipótesis de excepción, cuando su publicación compromete la seguridad pública y la integridad y la vida de las personas.
René Moreno Medina informó que el Comité de Participación Ciudadana ha tratado de coordinar las acciones instituciones para hacer frente al caso que implica un alto riesgo de corrupción, tanto por la falta de transparencia, como por los antecedentes de Seguritech.
Añadió que por el lado de la sociedad organizada ya hay distintos colectivos juarenses organizándose para ver cómo se puede hacer contraloría social en este caso específico.
“El principal punto es arrancar la información que ahorita está reservad y sobre esa información buscar elementos de prueba”, indicó el representante ciudadano.
En la octava sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción todos los titulares de los organismos integrante se opusieron a discutir el caso de la Torre Centinela y ni siquiera aceptaron que se incluyera en el orden del día. De acuerdo con Moreno, en la autoridad hay un falso discurso de apertura y una simulación en el combate a la corrupción.
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