Conforme a la Fiscalía General del Estado (FGE), de 23 mil 962 personas detenidas en 2020, solo mil 945 de ellas fueron sentenciadas por algún delito, lo cual es una falla.
El abogado penalista Roberto Ramos Pichardo considera la cifra como ilustrativa de que la aplicación de la justicia en Chihuahua es insuficiente y lenta.
El número de personas sentenciadas corresponde apenas al 8.3 por ciento de las carpetas de investigación enviadas a proceso judicial, según el Departamento de Estadística Criminal de la FGE.
Ramos Pichardo advirtió que pese a que Chihuahua fue el primer estado en implementar un nuevo sistema de justicia penal, a la fecha persisten deficiencias.
La falla de la “puerta giratoria”
Una de ellas es la llamada “puerta giratoria”. Esta falla busca dar a la justicia salidas alternas que en términos jurídicos se llaman medidas cautelares, que son diferentes a la prisión preventiva.
Mediante este sistema las personas pueden continuar sus procesos en libertad, sin prisión preventiva. Debido a ello, la aplicación de la justicia “se pierde en el camino”, dijo el abogado.
El especialista señaló que “si el delito no es cometido con violencia o no es un homicidio, existe la posibilidad de ejercer la justicia restaurativa, sin pasar por la cárcel”.
Esto permite que una misma persona cometa varios crímenes sin ser detenido.
El argumento es que el sistema admite que el imputado escoja la reparación del daño. Esto le permite entrar y salir de la cárcel, indicó.
El abogado consideró que el sistema de justicia en Chihuahua es de los mejores en el país. Sin embargo, se deber cerrar sus grietas para no dar oportunidad a que los presuntos delincuentes eviten las consecuencias de la ley.
Calificó como aceptable que las personas tengan derecho a la reducción de penas, pero también al principio de la pena efectiva, para que los presuntos delincuentes sepan que existe una consecuencia a su conducta.
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