Persecución política y gubernamental contra un representante social: Golpe Bajo en CCE, última parte

Desde mediados del año pasado y lo que va del año 2020 el empresario transportista Manuel Sotelo, representante de la sociedad civil en el Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPFCH), se convirtió en un perseguido de la administración de Javier Corral.

Sus señalamientos de que en las obras que realiza el Fideicomiso se pudieran estar usando recursos sin la autorización de la SCT le valieron descalificativos públicos del propio gobernador Javier Corral, auditorías a sus empresas y un intento de expulsarlo del Comité Técnico del citado organismo.

Para colmo la expulsión fue concertada dentro del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCE), un organismo privado que se adjudicó funciones sin ningún respaldo jurídico para gestionar la salida de Sotelo.

De acuerdo a los planteamientos del transportista, en las obras del Fideicomiso se están usando recursos provenientes de un crédito adquirido por el Estado, que usa como garantía el pago de peaje en 4 puentes internacionales durante los próximos 25 años.

La respuesta que obtuvo Sotelo a su petición fueron descalificativos y represalias desde la administración estatal, documentados en distintos medios de comunicación, que acabaron en un intento de sacarlo del Comité Técnico del Fideicomiso el 3 de Julio pasado.

El camino recorrido por el representante social hasta hoy ha tenido episodios que dibujan a un gobierno estatal que se resiste a transparentar decisiones.

¿Cómo empezó todo?

En mayo de 2019 Manuel Sotelo advirtió que el plan de construir puentes por debajo de la altura exigida por la SCT ponía en riesgo la competitividad de la frontera y la seguridad de miles de peatones

Expuso argumentos técnicos, gráficas, estudios de flujo de tránsito basados en un proyecto oficial desarrollado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

Como la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología presentó un segundo proyecto, el transportista solicitó que los funcionarios de esa dependencia compartieran las mismas variables técnicas que había presentado Obras Públicas en su modelo, para que la comunidad conociera ambas opciones.

Una propuesta, la de Obras Públicas, fomentaba la competitividad adecuándose desde ahora a que en el futuro pudiera haber otro tipo de transporte de mayor altura, mientras que la otra, la de Desarrollo Urbano, condenaba a la ciudad a que la vialidad quedara inoperante en poco tiempo.

Ese fue el planteamiento que Sotelo insistentemente expuso ante distintos grupos de interés, incluidos funcionarios públicos, pero la postura estatal fue negarse a ver otras opciones

Corral, el intolerante

Públicamente el gobernador Javier Corral reaccionó denostando a las observaciones y descartó toda posibilidad de diálogo

El miércoles 21 de agosto de 2019 en un programa de televisión pagado por el gobierno, Corral calificó como una exageración lo que planteaba Sotelo.

“Es una exageración lo que se está haciendo. No vamos a corregir eso. Lo vamos a dejar como los técnicos lo han planteado”, dijo.

Pero el jefe del Ejecutivo no dijo a cuáles técnicos se refería. Los dos modelos presentados fueron elaborados por funcionarios de su administración, unos en la secretaría de Obras Públicas y otros en Desarrollo Urbano.

Luego soltó un descalificativo más:

“Nosotros no vamos a cambiar ninguna decisión de carácter técnico, planteada para el futuro y beneficiando el interés general, por presiones políticas (…). No vamos a cambiar el futuro por politiquería”.

Dos semanas después, en el informe del alcalde Armando Cabada el 9 de septiembre, el gobernador utilizó la palabra mezquino para referirse a quienes desde su óptica se oponen a las decisiones de su gobierno

“…A veces esos intereses parciales, individualistas que terminan incluso siendo mezquinos, explican por qué a veces Juárez ha batallado tanto para salir del rezago y del deterioro”.

“Y por qué aquí se han acumulado tantos problemas; porque falta visión común sobre la ciudad, porque falta colocar el interés general por encima de los intereses particulares”, reprochó el mandatario.

Los planteamientos de Corral contrastaron con sus posturas a favor de la lucha social y el activismo, antes de ser gobernador.

Los compinches del CCE

Pero la estrategia para descarrilar al empresario fue más allá; la intromisión tantas veces negada por el titular del Ejecutivo en otros ámbitos, una vez más quedó al descubierto ahora en el seno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al principio de la controversia de los puentes enanos el CCE apoyó las gestiones de Manuel Sotelo pidiéndole al gobierno que presentara sus estudios técnicos, para comparar sus propios proyectos, el que realizó Obras públicas y el que hizo Desarrollo Urbano.

Pero en octubre de 2019 el organismo cambió de presidente y el nuevo cabecilla, Rogelio González Alcocer, decidió “doblar las manos”.

Cuando los funcionarios estatales argumentaron que hacer los puentes con el modelo de Obras Públicas iba a resultar más caro, el líder transportista ofreció que su gremio estaba dispuesto a pagar la diferencia con tal de evitar el daño irreversible. La propuesta no fue aceptada.

Después de evidenciar cómo se planeaba usar recursos del Fideicomiso en los puentes enanos, una investigación de Norte Digital encontró que había más obras en proceso para las que también se estaba asignando dinero del Fideicomiso

La pregunta era ¿por qué si el Título de Concesión marca que no deben hacerse obras en la ciudad, si no se cumple primero con un orden de prioridad que establece primero modernizar los puentes internacionales, el estado sigue haciéndolas?

El 4 de diciembre de 2019 el propio director general de Desarrollo Carretero de la dependencia federal Ricardo Erazo García Cano confirmó en un oficio que el orden de prioridad o prelación debía respetarse y que a esa fecha no había autorizado obras en la ciudad.

¿Sotelo tenía razón? ¿Se estaba poniendo en riesgo la concesión por adelantarse el estado a tomar dinero antes de tiempo?

Terrorismo fiscal

En el inter de los cuestionamientos públicos de Sotelo apareció otro elemento en el escenario: el terrorismo fiscal del estado.

Le enviaron tres auditorias al hilo a su empresa y le congelaron cuentas bancarias.

Servilismo empresarial

En la última etapa de la historia –hasta el cierre de este análisis- el CCE volvió de nuevo a escena.

El 3 de marzo de 2020 el presidente del organismo privado Rogelio González Alcocer le pidió a Manuel Sotelo que renunciara a su representación social dentro del Fideicomiso.

¿El argumento? Que esa representación «le pertenecía» a los empresarios.

Todos los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo, pero días después quedó al descubierto un nuevo engaño.

Reglamentos del propio fideicomiso demostraron que la representación de Sotelo era una prerrogativa de la sociedad civil, no de los empresarios.

Aún así en la reunion del 3 de Julio del comité técnico del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, el “empresario incómodo” fue expulsado, gracias a un contubernio dado a conocer en la entrega anterior.

Con documentos públicos el transportista demostró que su destitución había sido un atropello.

El director del fideicomiso Sergio Madero Villanueva tuvo que recular y Sotelo fue reinstalado el 19 de agosto sin ninguna explicación oficial de por qué había sido expulsado intempestivamente.

¿El resultado?

Los consejeros aprobaron por unanimidad que la SCT conteste por escrito si la concesión de los puentes está en riesgo o no de perderse debido a que no se ha respetado el orden de prelación que marca el título de concesión en su condición 25.3.

Norte Digital obtuvo audios de esa reunión en los que tanto el representante de Banobras como el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adelantan que todo está bien y que no habría riesgo de perder la concesión.

Si lo que se escucha en estos audios es verdad ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no lo aclara de una vez? ¿Por qué dejar pasar los meses y no informar a la ciudadanía? ¿Por qué no responder a los cuestionamientos ciudadanos?

Al final de esta historia todo indica que la última palabra la tendrá el gobierno de la cuarta transformación que hasta el cierre de este reporte, ha decidido quedarse callado.