Un perito contratado por el Poder Judicial de la Federación (PJF), con sede en esta región, tomó muestras de las aguas negras del sistema de alcantarillado de la ciudad que escurren al río Bravo.
Daniel Delgadillo integrante del colectivo Salvemos al Río y Árboles en Resistencia confirmó la presencia del experto que vino de la Ciudad de México, como parte del proceso judicial que los tribunales federales de la localidad desahogan.
El activista recordó que hace aproximadamente tres meses, promovieron un proceso judicial para que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), reconozca que su sistema de alcantarillado escurre aguas residuales al afluente que se comparte con los EUA.
Delgadillo dijo que el problema es que no quieren reconocer que las aguas negras derivan de deficiencias de su infraestructura.
“El problema es que no se comprometen a resolver el problema que es bien conocido en esta región transfronteriza˝, mencionó.
Señaló que los escurrimientos de aguas negras cruzan el bulevar Norzagaray, al norponiente de la ciudad, desde el conocido “Monumento al Cigarro”, a la altura del Arroyo de las Víboras, hasta la Casa de Adobe.
El perito tomo muestras en siete compuertas donde el agua que desciende de los Estados Unidos es desviada a México por esta frontera.
Delgadillo mencionó que en cuatro o cinco de estas compuertas es donde escurren aguas negras.
Se requieren 15 millones de dólares para solucionar ese problema en el Bravo: JMAS
Dijo que de acuerdo con el jefe de ingeniería y Proyectos de la JMAS, Juan Manuel Herrera, la solución a este problema demanda una inversión de 15 millones de dólares que el organismo operador busca obtener mediante financiamiento internacional.
Las autoridades estadounidenses sancionaron al El Paso Water porque sus sistemas también vertían aguas negras al Bravo, lo cual obligó a la empresa a corregir el problema.
“El problema que tenemos en Juárez, es que la JMAS no reconoce que sus operaciones son causantes de la contaminación del río y por eso el colectivo de ambientalistas interpusimos una demanda colectiva que está rindiendo frutos: El personal del PJF nos confirmó el envío del perito que analizará la calidad del agua que sale de sus alcantarillas y se deposita en el río”, dijo.
Delgadillo añadió que de esta manera, con un dictamen técnico, las autoridades judiciales resolverán de manera más expedita la demanda de amparo que interpusieron este mismo año.
Finalmente, dijo que la JMAS solo tiene que reconocer el daño ambiental que está ocasionando y tanto ésta como la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), tienen que responsabilizarse de los daños que ocasionaron.
Dijo que la intención de la demanda de la protección de la justicia federal, es que ambos organismos acepten su responsabilidad y reparen los daños que causaron, pues de lo contrario se estarían violando derechos fundamentales ciudadanos.
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