La iniciativa ciudadana que promueve la revocación de mandato contra el gobernador Javier Corral Jurado solicitará ante el Tribunal Estatal Electoral la destitución del presidente consejero Instituto Estatal electoral, por considerar que violó el principio de imparcialidad, así como haber incurrido en indiscreción y conflicto de interés en la resolución del caso.
Óscar Humberto González Aguirre, el ciudadano que promovió el recurso de revocación de mandato, basado en la Ley de Participación Ciudadana que promulgó el mismo gobernador Corral en junio del año pasado, dijo en entrevista con Norte Digital que tiene contemplado introducir ante el máximo órgano electoral estatal una solicitud para pedir la destitución del consejero presidente del IEE, Arturo Meraz González.
“El señor mostró una conducta poco profesional que no estuvo a la altura de un consejero presidente del IEE respecto a temas jurídico-electorales, al declarar públicamente, antes de la resolución final del mismo instituto que preside, que al gobernador Corral no se le podía aplicar la revocación de mandato vigente desde junio de 2018, porque él fue electo en 2016”, mencionó Óscar Humberto González Aguirre.
“Pero no se está impugnando el resultado de una elección, sino el actuar del jefe del Ejecutivo”, subrayó.
Reiteró que los consejeros del IEE basaron su decisión de rechazar la solicitud para celebrar el plebiscito revocatorio, orientados en una acción que nada tiene que ver con el motivo de la petición.
Es decir, la petición de revocación se basa en el incumplimiento del gobernador a sus promesas de campaña a medio año de su mandato, no en el resultado electoral del 2016, como lo hicieron notar los consejeros del IEE que rechazaron la solicitud de la consulta pública.
“Con su resolución, los consejeros del IEE engañaron a la ciudadanía al camuflagear e influenciar de manera absurda a los ciudadanos, cuando la misma representante del PAN ante el IEE e incluso el entonces secretario general de gobierno César Jáuregui se manifestaron públicamente de que la Ley de Participación Ciudadana no era aplicable al gobernador en virtud de la retroactividad”, recordó Óscar Humberto González Aguirre.
Ahora el Tribunal Estatal Electoral deberá resolver si el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de rechazar el plebiscito estuvo basado en los términos legales, o si debe continuar el procedimiento para pedir la destitución del gobernador.
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