El 4 de septiembre del 2024, la comunidad de Villa Ahumada y los automovilistas que transitaban por la carretera Chihuahua a Juárez atestiguaron uno de los accidentes ferroviarios más aparatosos de los últimos años.
Un tren de 12 vagones, propiedad de la empresa Ferromex, se descarriló apenas unos cuantos kilómetros después de pasar por la zona urbana de Ahumada, en dirección sur a norte, pasadas las 11:00 de la noche.
En el accidente murió un niño venezolano de 4 años, migrante, y la madre de este sufrió lesiones tan graves que obligaron a amputarle una extremidad. Otro migrante, de origen nicaragüense, también resultó lesionado.





Además de las lesiones causadas a los migrantes que viajaban a lomo de ferrocarril, el descarrilamiento ocasionó el derrame de una cantidad aún sin calcular de sustancias altamente tóxicas, como el ácido sulfúrico.
Al lugar llegaron efectivos del cuerpo de Bomberos de Juárez, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, junto con personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
El percance tuvo una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación tanto locales como estatales e incluso de los de alcance nacional.
Sin embargo, para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ese accidente no ocurrió.
En un oficio enviado al Congreso del Estado, el cual se recibió este 13 de febrero, la mencionada dependencia del Gobierno Federal le informa al Legislativo local que “no hay antecedentes” de derrame ocasionado por Ferromex.
Asimismo, señala que no hay antecedentes de que se haya aplicado una sanción a la empresa ferroviaria relacionada a los hechos.
El oficio es la contestación a un punto de acuerdo promovido por el grupo parlamentario de Morena, y aprobado por el pleno del Congreso del Estado, en el cual le piden a Semarnat que el status que guarda el “Estudio de Caracterización” de la magnitud del derrame y contaminación.
Además, piden información del “Programa de Remediación de la Reparación de Daños” en la contaminación ambiental ocasionado por Ferromex.
El exhorto del Congreso iba dirigido a Semarnat, pero también a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad (CONABIO) y a la Comisión Nacional del Agua.
Sin embargo, no existe el Programa de Remediación ni el Estudio de Caracterización que solicitó el Legislativo de Chihuahua.


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