La Comisión de diputados que emitirá la sanción en contra del presidente Armando Cabada Alvídrez, por las irregularidades encontradas en la cuenta pública 2017, también tiene atribuciones legislativas para declarar procedente la admisión de solicitud de juicio político.
Esa Comisión Jurisdiccional que tiene en sus manos el curso de la sanción que el Congreso de Chihuahua es controlada por la fracción panista.
El pasado 26 de junio el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta, presentó una denuncia contra la Presidencia Municipal de Juárez ante la presidencia del Congreso de Chihuahua, presidida por el diputado del PAN Jesús Villarreal Macías.
Según lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley orgánica del Poder Legislativo, las comisiones jurisdiccionales conocerán de: 1) Las denuncias o acusaciones que se presenten contra servidores públicos que gocen de fuero constitucional. 2) De las denuncias o acusaciones que se presenten contra servidores públicos de conformidad a lo que establezca la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado. 3) De las Solicitudes de parte del Ministerio Público para declarar si ha lugar o no a proceder penalmente en contra de servidores públicos.
El titular de la ASE declaró a Norte Digital que las denuncias en contra de integrantes y funcionarios del ayuntamiento juarense habían sido presentadas para que se sancionaran por la vía administrativa, con base en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, la cual considera sanciones que van desde la amonestación, inhabilitación y cese.
En el caso de las observaciones que involucran conductas de los miembros del Ayuntamiento, por tratarse de funcionarios de elección, representantes populares, el poder para sancionarlos recae en el Congreso, mientras que en los casos de funcionarios de asignación, supeditados a la jerarquía del presidente, la sanción es una atribución del órgano de control interno del propio Gobierno municipal.
Meraz también interpuso una demanda en el despacho del presidente municipal, el 26 de junio pasado, con la finalidad de que el órgano de control interno sancione a sus colaboradores por las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos en la Tesorería y en el Comité de Compras y Adquisiciones.
La ASE denunció ante el Congreso las irregularidades dictaminadas en el caso de la contratación de servicios de publicidad y difusión con la empresa Intermedia de Juárez S.A de C.V, Televisora Canal 44, propiedad de familiares directos de Cabada, por un monto de 11 millones 48 mil pesos.
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