Una niña de seis años, quien padece autismo, fue violentada sexualmente por su padre biológico y su madrastra, pero solo la mujer fue detenida y vinculada a proceso, dejando de lado al hombre, dieron a conocer la perito en psicología, Elizabeth Zapién; la asesora legal, Sandra Díaz Rubio y la diputada de asuntos fronterizos, Antonieta Pérez Reyes.
La denuncia fue presentada por la madre de la víctima el 20 de junio de este año y ratificada el 28 del mismo mes, sin embargo, no fue sino hasta ayer cuando la jueza que conoce de la causa liberó una orden de aprehensión solo contra una de las personas señaladas.
De acuerdo con la carpeta de investigación 3532/2025, los imputados son Miguel Ángel M.T. y Cintia Yolanda V.V., padre biológico y madrastra respectivamente de la víctima, quienes habrían cometido el delito en el domicilio que compartían con la menor.
Sin embargo, dijo Pérez Reyes, la jueza Lisa Yuridia Meraz Mendoza desestimó las pruebas presentadas y solo giró orden de aprehensión contra la mujer a pesar de que existía un certificado médico que avalaba que a la pequeña le habían contagiado una enfermedad venérea.
Si la niña está contagiada con una enfermedad venérea, es obvio que no la transmitió la pareja sentimental del padre, alertó.
En ese sentido, indicaron que la jueza desestimó las pruebas y negó en dos ocasiones la orden de aprehensión en contra de su agresor.
Ante esa circunstancia, relató, se hizo un exhorto en la tribuna del Congreso del Estado el pasado 1 de agosto, para que la fiscal de Género, Wendy Paola Chávez, tomara el caso.
En respuesta, ya a cargo de la investigación, la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Familia (FEM), dio celeridad a las actuaciones y fue así que se logró la detención de una de las implicadas, a quien se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva por 12 meses, añadió.
La fiscal vino a Juárez, se reunió con la familia y con las abogadas, cambiaron a la agente del Ministerio Público y continuó la audiencia, refirió Pérez Reyes.
Sostuvo que aprovecharse de una niña en condiciones de autismo agrava todavía más el delito y, por lo mismo, era urgente que se actuara con mayor contundencia.
También planteó que hay evidencias que la jueza debe revalorar, porque el padre no solamente descuidó a la menor, sino que la violentó y permitió que su pareja sentimental participara.
La legisladora estimó que en Ciudad Juárez se están enfrentando cada vez delitos más crueles, inhumanos e impensables, y por lo mismo no se debe permitir que queden sin castigo porque significaría que hay un pederasta suelto.
En su intervención, Díaz Rubio mencionó que se hizo un trabajo muy arduo porque en las instancias judiciales hay un desconocimiento total de los protocolos que se deben seguir en los casos de niños y niñas violentadas.
Ni siquiera supieron cómo acomodar el hábitat para las entrevistas y que la niña se sintiera cómoda para expresarse, lamentó.
Otra circunstancia que los operadores de Fiscalía y los resolutores del juzgado no valoraron -indicó- es que la niña apenas empezó a hablar hace dos años y su lenguaje está actualmente limitado a solo cien palabras.
“No podemos exigirle a un menor con capacidades diferentes, que se exprese como un adulto y que señale a sus agresores, con palabras que ni siquiera conoce”, remarcó.
Sobre el mismo tema, Zapién recordó que las entrevistas psicológicas de menores víctimas de abuso y con capacidades diferentes, deben atender criterios especiales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Ella expresaba lo que le pasó en lenguaje infantil y las entrevistadoras querían que lo dijera en un lenguaje adulto para validar que sí había ocurrido el delito”, comentó.
Recordó que ella realizó una intervención a la menor con los protocolos establecidos y cuando recordaba el episodio, entraba en crisis.
“Sabe lo que sucedió y que fue algo difícil y doloroso y esa percepción debe ser considerada para que haya acceso a la justicia y se investigue a las personas que ella señala”, precisó.
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