Ordenan que Hospital Infantil no suspenda tratamiento a niños con cáncer

Jueces federales de los juzgados Cuarto, Quinto y Noveno -con sede en esta frontera- ordenaron al Hospital Infantil de Especialidades del Gobierno del Estado continuar los tratamientos a niños con cáncer que habían quedado en el desamparo luego de que se anunciara que el Seguro Popular sería remplazado por el Insabi y tanto Gobierno del Estado como el Gobierno federal pretendieron dejar de atenderlos y pasarlos al Seguro Social.

Ante esta situación los papás y mamás de al menos cinco niños y niñas afectados por la decisión acudieron al amparo y ayer viernes les fue concedida la suspensión de plano, publicó el Poder Judicial en su página de Internet.

Esto significa que el hospital está obligado a continuar tratamientos, suministrar medicamentos y practicar las cirugías que correspondan, por el argumento de que antes de cualquier cuestión burocrática o administrativa prevalece el valor superior de la vida de los niños y niñas.

Cada uno de los cinco amparos (de los cuales Norte Digital obtuvo una copia de acceso público) ordenan que de inmediato se les dé a los niños y niñas “la atención médica que requieren, los productos farmacéuticos y demás atenciones para salvarguardar (en cada caso) la salud del menor y que por decir del propio quejoso (si no se aplican) ponen en peligro la vida del infante”. 

Debido a ello -el riesgo de perder la vida- los jueces federales establecieron que, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo vigente, se decretara la suspensión de plano respecto al acto consistente en la omisión o negativa de brindar atención médica integral.

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“Esta suspensión se concede para el efecto de que las autoridades responsables provean todas las gestiones administrativas que sean necesarias para realizar todos los estudios médicos, análisis y de laboratorio que requiera el quejoso, sin costo para él”.

“Y de inmediato, en tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento que den a la presente suspensión de plano; para lo cual deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten”, refiere el documento. 

Y además advierte:

“Con el apercibimiento que de no cumplir con la suspensión de plano decretada serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo”. 

La notificación oficial al departamento jurídico del Instituto Chihuahuense de Salud, del que depende el Hospital Infantil, se hará el próximo lunes por lo que a más tardar el martes, los tratamientos, medicamentos y demás deberán ser proporcionados regularmente.

Desaparece el Seguro Popular; lo sustituirá el Insabi

A principios de la semana que está por concluir personal del Hospital Infantil de Especialidades notificó a los padres de los pacientes que ya no podrían continuar sus tratamientos oncológicos por la desaparición del Seguro Popular y la falta de reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). 

El anuncio provocó que madres y padres de los menores salieran a protestar desde el jueves exigiendo que no les suspendieran la atención a sus hijos, ya que esto podría implicar que tuvieran recaídas e incluso se pusiera en riesgo su vida.

Pero el Gobierno no atendió el llamado y solo respondió con un comunicado en el que no daba ninguna garantía de que los menores iban a recibir la atención médica que requerían.

Víctor, de 1 año 7 meses; Mateo, de 8 años; Daniela y Alondra, de 6, y Mateo, de 4, son cinco pequeños guerreros y guerreras que han luchado contra el cáncer durante muchos meses, tantos que parecerían siglos; ninguno se rindió.

Pero en los días recientes a que se redacta este reporte tuvieron que enfrentar a un enemigo más peligroso que su enfermedad: un Gobierno que amenazó con interrumpir sus tratamientos sacándolos del Hospital Infantil de Especialidades para lanzarlos a la infame burocracia del Seguro Social, según narraron sus padres vía telefónica a Norte Digital.

Como reacción a la protesta del jueves, funcionarios federales y estatales emitieron un comunicado conjunto en el que prometían que los niños y niñas afectados seguirían siendo atendidos, pero con una condición que aceleró la angustia de los papás.

“El Gobierno federal y el Gobierno del Estado, mediante acciones conjuntas continuarán con la atención de los pacientes oncológicos, pertenecientes al Hospital Infantil de Ciudad Juárez, lo anterior con base a su derechohabiencia”, asentó el boletín.

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Eso significaba que en caso de que algunos de ellos tuviera IMSS o cualquier otro servicio médico deberían ser canalizados a tales instituciones.

Más temprano el mismo jueves, el Gobierno del Estado había enviado otro comunicado en el que se deslindaba del tema ofreciendo “analizar cada caso en particular de los pacientes que se han visto afectados por el inicio de operación del Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi)”.

Consultados por Norte Digital, los padres dijeron que los comunicados eran como una sentencia que pondría en riesgo la vida de sus hijos, por la conocida lentitud del Seguro Social para atender casos de especialidad.

“Si se interrumpe el tratamiento por algún trámite burocrático los niños podrían tener una recaída, que en el caso de las enfermedades oncológicas, puede ser de altísimo riesgo”, dijo Perla, mamá de una nena de 6 años que tiene más de 30 meses en tratamiento por un tumor en el pecho que se le convirtió en metástasis en sus pulmones y que apenas entró a la etapa conocida como de vigilancia.

Lo más desesperante para ella fue enterarse de los comunicados a través de la prensa y ver que, hasta este viernes en la tarde, ningún funcionario estatal ni federal se había acercado a ellos para ofrecerles una seguridad de que los tratamientos no iban a ser interrumpidos.

Por esa razón es que las cinco familias se unieron y tramitaron por si mismas los amparos que fueron concedidos a su favor en juzgados federales, confirmó a Norte Digital Ángel David Silva, quien apoyó a los afectados en la gestión.

Los amparos quedaron registrados bajo los expedientes 43/2020 y 44/2020 del Juzgado Noveno de Distrito, 23/2020 del Juzgado Quinto y 28/2020 y 29/2020 del Juzgado Cuarto de Distrito

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El director del Hospital Infantil de Especialidades Guillermo Pérez Gutiérrez no quiso dar una entrevista, a pesar de que se le esperó por más de dos horas.

Optó por enviar un video con una declaración en la que pidió a los papás de los niños que tuvieran paciencia.

“Que sean un poquito pacientes, nosotros no tenemos aquí los insumos, nos llegan desde la ciudad de Chihuahua, sabemos que no es algo fácil la atención, o el estar esperando sobre todo en este tipo de diagnósticos, pero sí que tuvieran un poquito de paciencia mientras se soluciona y se acomoda todo esto y sobre todo que nos lleguen los insumos que no los tenemos nosotros aquí (…). La atención continúa y mientras tengamos los insumos seguimos dando la atención”, justificó.

Pérez Gutiérrez también habló de que una vez que las reglas de operación de Insabi sean publicadas entonces sabrán qué hacer.

Ni él ni ninguno de los funcionarios de mayor rango, en Secretaría de Salud estatal y en la delegación del Bienestar del Gobierno federal tuvieron una respuesta para los papás.

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“Nadie del hospital o del Gobierno nos ha informado nada, ningún directivo se ha acercado a nosotros”, dijo Perla vía telefónica.

Los padres dijeron que la razón más fuerte para resistirse a que los niños sean canalizados a otra institución -como es el caso del IMSS- es la conocida burocracia de ese instituto.

“Nosotros no podemos aceptar que nos manden al seguro porque ahí ya se sabe que después de muchos meses que se logra una consulta de especialidad las personas tienen que ir a Torreón, Monterrey o la Ciudad de México para ser atendidas”, comentó Alberto, padre de una pequeña que tiene 40 semanas en tratamiento y todavía le faltan 150 para llegar a la meta.

Con la suspensión de plano otorgada por los jueces, los afectados podrán contar con los tratamientos y medicamentos sin necesidad de tener que viajar a otras ciudades para obtenerlos.

Consultados para esta nota, los cinco padres afectados coincidieron en que no dejarían de luchar con tal que no les falte a sus hijos la atención que necesitan porque todos ellos son trabajadores que no tienen ingresos suficientes como para solventar esos gastos con sus propios salarios.