En un juicio de amparo, en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, determinó a favor de un grupo de habitantes de Los Kilómetros, que habían denunciado falta de servicio de agua potable en la zona y acciones insuficientes para atender el problema por parte de la autoridad local.
Se trata del expediente 545/2025 en el que la ministra Herrerías, refirió que el juez noveno de distrito, había resuelto que la queja de al menos treinta familias, no era procedente, porque no habían comprobado con documentos oficiales que vivieran ahí.
El hecho de que sea un área de alta marginación, cuya principal característica es que las personas viven en predios irregulares, dejó sin sustento el argumento del juez, de la supuesta obligatoriedad de que los quejosos presentaran comprobantes de domicilio para hacer valer su derecho, se indicó en el oficio.
El representante legal de los afectados, José Carlos Medina, informó este sábado a Norte Digital, que por el listado publicado en estrados de los asuntos que se tratarán en la Corte el jueves 9 de julio de este año, ya se conoce que será favorable para sus representados, que tienen entre cinco y diez años viviendo en el área.
La mayoría -dijo- son operadores de maquilas, trabajadores eventuales, madres de familia y mucha población migrante del interior del país.
La situación surgió en el mes de mayo del año pasado, cuando pobladores denunciaron que los “piperos” que reparten el agua en tandeos, favorecían a personas que les pagaban por el servicio, que debería ser gratuito, señaló.
Aclaró que el problema se puso en conocimiento de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), “pero las soluciones siempre fueron parciales”.
“Son colonos que poco a poco se han venido juntando, para hacer peticiones al gobierno, pero esta es la primera vez que deciden emprender una acción legal colectiva”, apuntó.
Para ellos, la falta de agua potable repercute directamente en sus vidas, porque se les dificulta la higiene personal, el consumo y las enfermedades gastrointestinales, detalló.
“Desde ese tiempo y antes, la gente colona del Kilómetro 27, han pedido abasto constante y suficiente de agua, porque viven en una Zona de Atención Prioritaria (ZAP)”, agregó.
En la sentencia que se expondrá en la sesión de la Corte el jueves, se puede leer, “la Justicia de la Unión ampara y protege a las personas quejosas, contra los actos reclamados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio de Juárez y de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua”.
En el texto, también se afirma que uno de los principales argumentos a favor de la sentencia es que entre las quejosas “se encuentran niños y niñas y los promoventes, habitantes de la comunidad “Los Kilómetros”, se encuentran en clara desventaja social para su defensa en juicio, a partir de sus condiciones de pobreza y marginación”.
En el mismo documento se hace referencia a que dicha área de los Kilómetros esta considerada una Zona de Atención Prioritaria (ZAP) en el estado de Chihuahua.
Esto significa que -advierte- es un área con un grado de marginación y rezago social donde confluyen carencias económicas y deficiencias en infraestructura y equipamiento urbano, así como dificultades de acceso a servicios de salud, seguridad social y servicios básicos, entre ellos, agua potable.
De acuerdo al índice y grado de marginación urbana de 2020, del Consejo Nacional de Población (Conapo), referido en el expediente de la Corte, ahí el nivel de ese indicador es de alto a muy alto.
“Un tercio de la zona no cuenta con una red de distribución de agua potable, bajo el rubro “ocupantes en viviendas particulares habitadas, sin agua entubada”, lo cual índica niveles de carencia significativos en comparación con el resto de la mancha urbana”, precisa el reporte.
Sobre la exigencia que se había planteado por el juez noveno de distrito, para negar en principio el amparo, la ministra expuso que una de las características fundamentales de los asentamientos irregulares, es la ausencia de documentos que acrediten la tenencia de la tierra o de la vivienda, tales como escrituras o contratos.
“Resulta injustificado, como lo hizo el juez de distrito, exigir que la parte quejosa acredite su legitimación a partir de documentación anclada en una visión sumamente formal de domiciliación o residencia, pues ello implicaría asignar una carga probatoria que, dado su contexto, es desproporcionada, por compleja o imposible de cumplir”, remató.
Finalmente, en el legajo del que Norte Digital obtuvo una copia, se señala que el Tribunal consideró que la sola manifestación verbal de los vecinos, de que viven en Los Kilómetros, era “apta y suficiente” para acreditar su posición actual y real “frente a la afectación que aduce resentir (que es) vivir en la zona que carece de acceso al agua”.
El caso de los afectados, agregó José Carlos Medina, consta en dos expedientes radicados en el juzgado 9 de distrito en Juárez, ambos radicados en recursos de revisión ante la SCJN.
Antes del cierre de esta nota se buscó una versión en la oficina del encargado de despacho, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), y en su área de Comunicación Social, sin obtener respuesta.
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