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Operativo Mochila: entre el derecho a la privacidad y la justificación de seguridad

La SSPE implementará los cateos una vez instauradas las Brigadas Preventivas de Seguridad Escolar; red de asociaciones civiles denuncian riesgo de violaciones a Derechos Humanos

Por Diego Villa | Norte Digital | 5:06 pm 27 septiembre, 2022

De acuerdo con la subsecretaria de Participación Preventiva y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Rosa Isela Gaytán, una vez instauradas las Brigadas Preventivas de Seguridad Escolar, será posible implementar el Operativo Mochila.

Esto lo dijo hoy, en el inicio de las capacitaciones a docentes para la conformación de las brigadas, que serán conformadas terminado el ciclo de talleres.

Gaytán explicó que las Brigadas requieren de la autorización y respaldo de madres y padres de familia. Una vez que se tenga ese apoyo, el “operativo mochila” sería implementado.

Agregó que se trata de “un operativo de investigación, también, de las bandas al acecho de nuestras niñas y nuestros niños. Investigación, prevención y formamos líderes constructores de paz”.

Además, aseguró que el haber conformado las Brigadas significará que existe “el respaldo de la protección de los derechos humanos del alumnado: “Cuando hay toda esta legalidad, está cuidado el tema. La Brigada es una estructura que protege cualquier violación de los derechos de la niñez, y lo hace con la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

El Operativo Mochila u Operación Mochila consiste en revisar las mochilas del estudiantado en las escuelas en la búsqueda de cualquier objeto que pueda representar un riesgo a la salud o seguridad de varias personas o de quien es la mochila.

Laurencio Barraza, secretario ejecutivo de la Red Tira Paro, red de organizaciones de la sociedad civil que trabaja con juventudes, expresó su preocupación.

“Si la idea es identificar niveles de consumo [de drogas], lo que se debe hacer es acercarse con los chavos, dialogar con ellos, entender su dinámica. Así puedes aclarar muchos perfiles, puedes identificar cosas y ofrecer estrategias de trabajo con esas personas sin necesidad de ser directo, invasivo”, señaló.

Añadió que reconoce el trabajo de diagnóstico que ha realizado la SSPE para trabajar en las Brigadas, aunque espera que sea un trabajo integral. Asimismo, espera que dada la coordinación de tantas dependencias que requiere este trabajo en las escuelas, sí se pueda “garantizar que haya una estrategia integral, de acuerdo con las necesidades de la persona [el alumnado] y no de la dependencia”.

“Estamos de acuerdo con el tema de seguridad, de acuerdo con el tema de que la sociedad participe, pero también en que se ponga fundamentalmente al principio las leyes y derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA)”, comentó.

En el mismo sentido, recordó que la mochila es, en ocasiones, el único espacio privado para el estudiantado, que en su casa no puede tener por cualquier motivo (hacinamiento, conflictos familiares, etcétera) y en la escuela tampoco porque es un lugar público en el que tienen vigilancia constante.

Por otra parte, dijo que, con respecto al esfuerzo de las Brigadas y el Plan Estatal de Prevención de la SSPE, debería existir “un ente externo, experto, independiente y con visión imparcial que evalúe si lo que se hizo impactó la realidad que se buscaba impactar”, pues las evaluaciones suele realizarlas el mismo gobierno que implementa los programas, lo que puede sesgar los resultados.

El 3 de febrero de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el programa “Mochila Segura” por no contar con un marco legal que lo sustente.

El fallo, de acuerdo con el comunicado 027/2021 emitido por la SCJN, reconoce que la falta de regulación puede resarcirse por los congresos legislativos tanto federal como local, mediante normas apegadas a la Constitución y con pleno respeto de los derechos de las infancias.

Asimismo, precisa que no quedan impedidas las revisiones a mochilas cuando se ha cometido un delito o está por cometerse, pues esto pone en riesgo a la comunidad escolar. Sin embargo, precisa la intervención inmediata, en dicho caso, de autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.

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