Dos personas involucradas en las investigaciones por presuntos actos de corrupción y peculado denominada “Operación Justicia para Chihuahua”, se han quitado la vida en los últimos años.
El pasado viernes 7 de abril, Antonio Enrique Tarín García, quien continuaba bajo proceso judicial por un presunto peculado cometido durante su paso por la administración del gobernador César Duarte Jáquez, fue encontrado sin vida después de arrojarse desde el puente vial de la avenida Homero, en el cruce con el Periférico de la Juventud.
Horas después, la Fiscalía General del Estado confirmó que se había tratado de un suicidio, y que, aparentemente, la persona fallecida había llegado hasta el lugar, en la parte más alta del puente y desde ahí saltó al vacío.
Tarín García aún estaba bajo proceso penal, con la causa número 87/2019, por haber participado –presuntamente– en el desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario hacia empresas “fantasma”.
El hoy fallecido estaba en libertad bajo caución, después de que un juez federal le otorgara el beneficio de continuar el proceso fuera del Centro de Reinserción Social Número 1, ubicado en San Guillermo, Chihuahua, donde había estado recluido.
Como condición, el juzgador le puso la obligación de portar brazalete geolocalizador, y mantener otras medidas cautelares, como el no salir del país y no acercarse a otros testigos vinculados al mismo caso.
La orden de aprehensión en su contra fue liberada en el año 2017 y el 8 de mayo de ese año, fue aprehendido en la ciudad de México por efectivos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en coordinación con elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
En marzo de ese mismo año, Tarín García había declarado a El Heraldo de Chihuahua, en una entrevista telefónica, que la causa en su contra “es una persecución política del Gobierno del Estado por temas inexistentes”.
Al momento de hacer esas declaraciones, 29 de marzo de 2017, se encontraba en la Cámara de Diputados, donde intentaba rendir protesta como legislador federal, en su calidad de suplente de Carlos Hermosillo Arteaga, el diputado por el IX Distrito con cabecera en Hidalgo del Parral que falleció el 20 de marzo de ese mismo año en un accidente de carretera.
Además de la acusación de peculado por la que seguía bajo custodia, el nombre de Tarín García estaba inscrito en otras siete carpetas de investigación, todas relacionadas con los casos que seguía la Operación Justicia para Chihuahua.
Había ocupado diversos cargos en el gobierno de Duarte (2010-2016), el último de ellos, presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda.
Tres años atrás ocurrió el suicidio de Octavio Acosta
El 6 de marzo de 2020, autoridades policiacas encontraron muerto al también exfuncionario del gobierno de César Duarte, Octavio Acosta Maldonado.
Según versiones publicadas en aquella fecha, se había colgado cuando estaba en su residencia ubicada entre las calles Marrón y Tomás Valles de la colonia Residencial Cantera II.
Acosta fue el secretario particular del gobernador José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010) y fue uno de los pocos miembros de ese equipo que continuaron en la administración estatal tras el cambio de poderes.
Durante la primera parte del Gobierno de Duarte, fue director administrativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
Su nombre también apareció en los llamados “Expedientes X” de la Operación Justicia para Chihuahua, pero nunca se le llevó a proceso.
En el mismo 2020, José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector del organismo descentralizado Fideapech, falleció a causa del Covid-19.
Su fallecimiento, ocurrido en agosto de 2020 en el Hospital Central de Chihuahua, fue precedido por una lucha jurídica que emprendió el propio López Ramírez para ser liberado del Cereso 1, debido a que era una persona de alto riesgo, propensa a contraer el Covid-19, que entonces se propagaba como pandemia.
La Fiscalía General del Estado de aquel entonces abrió una investigación, pero no se conoció su resultado.
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