El exgobernador Javier Corral Jurado y la exconsejera de la Judicatura del Estado, Luz Estela Castro, serán llevados a juicios políticos.
Lo anterior, de aprobarse la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que se cocina en el Congreso del Estado.
Este marco legal lo impulsa el diputado panista Gabriel García Cantú.
El legislador afirmó que los juicios se ejercerán como respuesta al nombramiento irregular de la activista conocida como «Lucha» Castro, al frente del organismo.
Esta designación ocurrió el 31 de mayo del año 2017, a cargo del exjefe del Ejecutivo del estado.
Según los antecedentes, Castro no debió colocarse al frente de la institución, ya que enfrenta problemas por litigios relacionados al despojo de terrenos contra particulares.
García Cantú refirió que los procedimientos están como prioridad, sin embargo, no existe avance por la falta de un marco legal.
Los esfuerzos por establecer la legislación que sancione el actuar de los funcionarios públicos ya se llevó a discusión.
Empero, esta reglamentación fue desechada tras una controversia resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El legislador asumió que la ley no va contra alguien en particular: “pues no distinguirá de nombres o apellidos; se sentará un importante precedente contra la impunidad”.
“Nosotros no vamos por nombre y apellido o con dedicatoria, simplemente que tenemos asuntos pendientes que hay que resolver», afirmó.
Criticó que no hay una ley de juicio político y procedencia porque hace tiempo la Corte la declaró improcedente.
Al respecto, reconoció que en el caso del exgobernador, el procedimiento podría demorarse, dado que la ley amplía un año el fuero constitucional tras concluir su mandato.
Exalcalde y juez van en el “paquete” de juicios
La legislación de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia incluye el inicio de un procedimiento en contra del juez de control Guillermo Cortés, con antecedentes de violencia familiar desde el año 2017.
“Hay una declaración de procedencia para el señor Guillermo Gómez Cortés, juez de primera instancia, por un asunto de violencia familiar en perjuicio de Carolina Gómez Cortés”, dijo.
El funcionario golpeó a su hermana en la vía pública.
Dijo que aún no se puede hablar de sanciones, dado que no existe una ley que lo estipule.
“Es por eso la urgencia de darle celeridad”, mencionó.
“Necesitamos que esté la ley para que nosotros podamos atender estos asuntos; que esté en la comisión sin la ley, nosotros no podemos procesar estas denuncias que hay”, agregó.
Para el entrevistado, la nueva legislación es de suma importancia para los chihuahuenses, pues busca retirar el fuero, que brinda en muchos casos impunidad a la actuación de los funcionarios.
La legislación además buscará llevar un juicio de declaración de procedencia en contra del exalcalde de Jiménez, José Arnoldo Abes Durán, del Partido Revolucionario Institucional.
Según obra en expedientes de la Comisión Jurisdiccional, del Poder Legislativo, el priista es señalado por los delitos de tráfico de influencias y mala administración de recursos.
Su caso se remonta a las acusaciones públicas que realizaron particulares, debido al uso de maquinaria oficial para beneficio particular.
Nueva ley castigará estos delitos
Con base en lo informado, los delitos que tipificará la nueva ley de juicios políticos serán: desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, violación de atribuciones y coacción al voto, que cometan servidores públicos.
«Con esta, los ciudadanos podrán interponer denuncias ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso, para después turnarse a la Comisión Jurisdiccional”, acotó el legislador juarense Gabriel García.
Aseveró que la reglamentación combatirá principalmente el ataque a las instituciones democráticas.
Irá en contra de la violación a la división de poderes, la libertad, organización política y administrativa de los Municipios.
Además, se incluirán sanciones ante las violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos.
Se pretende sancionar cualquier infracción a la Constitución local, o las leyes estatales o municipales, que dañe o perjudique al Estado, Municipio o sociedad; o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de sus instituciones.
“El juicio político se encamina a quitar el fuero para que se pueda inhabilitar a los funcionarios por faltas graves; y la declaración de procedencia se da cuando el Ministerio Público avisa que tiene una investigación en contra de alguien con fuero.
«Luego solicita al Congreso que se le quite para que lo puedan llevar ante los tribunales”, finalizó.
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