La explotación ilegal de pozos agrícolas existentes dentro de nuestra actual mancha urbana puede llevarnos en menos tiempo de lo estimado al llamado Día Cero.
Esto según estimaciones de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que se dice atada de manos para intervenir por tratarse de concesiones federales.
Al margen de la normatividad, un número no determinado de pozos concesionados para riego, son utilizados para una indiscriminada explotación e ilegal comercialización del agua.
Lo anterior, además de contribuir al abatimiento del acuífero, permite a los que la comercializan agenciarse ganancias netas evadiendo el pago de los derechos de extracción.
Según datos de la JMAS, en 2021 la dependencia pagó a la Conagua cerca de 250 millones de pesos de comisiones por derechos de extracción. Un pago que todo concesionado debe hacer como parte de las obligaciones a que está sujeto.
No obstante, en lo que respecta a los pozos agrícolas, estos están exentos de esta obligación, siempre y cuando sean destinados al riego de cultivos. Lo cual, en el caso de la extracción y llenado de pipas para la venta del vital líquido, no ocurre.
Con costos mínimos de extracción y posibilidades de venta a menor precio, lo que ha generado es el surgimiento de un mercado negro del agua.
La proximidad del Día Cero
Para Sergio Nevárez, presidente de la JMAS de Ciudad Juárez, esta situación puede dar al traste con los programas para administrar bien el acuífero.
“De nada sirve invertir recursos en cultura del agua, en mejorar la calidad del agua o en racionar y mejorar la presión de los pozos; estos usos clandestinos darán al traste a todas nuestras iniciativas, y al final van a perjudicar a la ciudad enormemente para la próxima generación”, destacó.
Esta práctica representa también una fuerte afectación a la calidad del servicio para una gran cantidad de fraccionamientos de la zona; el funcionario afirma que el continuo llenado de pipas baja drásticamente la presión en la red, dejando sin servicio a los pobladores de la zona.
Para Nevárez, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está siendo omisa en su labor de supervisión y vigilancia para imponer el orden en esta situación.
“Nuestra posición es clara en el sentido de que debe haber orden en la extracción, en la venta, y en la distribución; que los pozos tengan sus usos muy definidos, que tengan un permiso, y que le paguen a Conagua los derechos que todos debemos pagar”, señaló.
Esto además de supervisar que las pipas sean las apropiadas para transportar cualquiera de los dos tipos de agua.
“Creo que todo es estado de derecho, lo que significa que haya un sistema formal en donde tú pudieras percibir este delito. No creo que lo haya; creo que simplemente se levanta denuncia, y como Conagua tiene poca gente lo único que hacen es poner la denuncia y ahí se pierde”, dijo.
Puntualizó que lo que Conagua debe hacer es verificar que el uso del pozo sea el que está autorizado y si no es así, cancelarlo.
“A donde quiero llegar, es que al final de todo esto, nos podemos quedar sin agua, todo porque no hay orden en la extracción; y no vamos muy lejos para llegar al Día Cero, solo ve Chihuahua, o el drama de Monterrey, y ahí nos la podemos llevar”, sentenció.
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