Uno de los imputados durante la huida, marcó la discusión jurídica del caso. A partir de ella, el juez concluyó que, aunque los cinco acusados llegaron armados al lugar de los hechos, no todos dispararon ni participaron de la misma forma en el ataque contra agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ocurrido el pasado 8 de enero.
Desde antes de que iniciara la audiencia se respiraba un ambiente de tensión en Ciudad Judicial. Cerca de las 11 de la mañana, la encargada de sala recorría los pasillos en busca de las partes intervinientes de la causa penal 135/25, mientras personal procesal advertía que se mantuvieran atentos, pues los imputados —según se comentaba— “se habían puesto bravos” durante su traslado.
A ello se sumaron las quejas por la sala asignada —la número 20 del módulo 4—, considerada insuficiente para albergar a familiares de los imputados, la viuda del agente estatal fallecido, reporteros y abogados tanto de la defensa como de la Fiscalía General del Estado.
Gracias a la coordinación entre la encargada de sala y el juez de control, quienes consiguieron sillas de otras salas desocupadas, la mayoría de las personas interesadas pudo permanecer en el lugar. Al final, sin embargo, ninguno de los familiares de los involucrados ingresó a la audiencia.
Vestidos completamente de gris y escoltados por al menos tres agentes procesales, los imputados —Martín Alejandro R.F., alias “El Charro”; Alejandro Gerardo C.; Christian Jesús H.L.; Pedro Moroni M.A. y Francisco Miguel F.C.— ingresaron esposados a la sala, donde ya los esperaban los intervinientes para dar inicio a la audiencia de vinculación o no a proceso penal.
“Dejaron en estado de indefensión a mi representado”
Al iniciar la audiencia, el juez preguntó a los representantes legales si contaban con pruebas a favor de sus defendidos. La defensora de oficio de cuatro imputados señaló que, por el momento, no contaba con elementos probatorios y que únicamente formularía alegatos defensivos.
En el caso de Francisco Miguel F.C., su defensor particular informó que había solicitado la comparecencia de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que participó en su detención, a fin de desahogar su testimonio.
Detalló que desde el 11 de enero se envió un oficio al área jurídica de la SSPM solicitando dicha comparecencia, sin que la corporación respondiera, lo que —dijo— dejó a su representado en “estado de indefensión”.
Ante ello, solicitó la imposición de medios de apremio. El juez determinó imponer una multa equivalente a 100 UMAs al titular de la SSPM por no responder el oficio ni atender el citatorio emitido por el Tribunal Superior de Justicia.
“No sabía que atacarían policías” y el grito durante la huida
En los alegatos a favor de Pedro Moroni, la defensa sostuvo que debía eliminarse la calificativa de homicidio, pues —según su declaración ante el Ministerio Público— desconocía que el ataque sería contra policías estatales.
Indicó que “El Charro” le pidió acompañarlo a “hacer un mandado” y que creyó que se trataba de “levantar a un cricoso o algo parecido”. Subió a una camioneta GMC negra conducida por “El Charro”, en la que viajaban otros dos hombres armados que no conocía.
Relató que, al llegar a una gasolinera, “El Charro” dio la orden de disparar contra una camioneta blanca. Dijo haber visto que una de las víctimas respondió la agresión y que comenzó a correr al escuchar que venían los policías persiguiéndolos.
Afirmó que solo recordó haber llegado a una camioneta de la empresa Izzi cuando ya estaba detenido junto con otros dos jóvenes, quienes resultaron ser empleados de la compañía de telecomunicaciones.
La defensa también solicitó descartar la calificativa de ataque con ventaja, al señalar que los agentes contaban con sus armas de cargo y que uno de ellos respondió la agresión.
En el caso de Francisco Miguel F.C., su defensor sostuvo que la Fiscalía pretendía vincularlo por el testimonio de un agente que afirmó que, desde un Chevrolet Malibú, gritó: “¡Córrele, wey, que te van a alcanzar los policías!”, lo que habría derivado en una persecución que culminó con su detención.
Aseguró que no se le encontró arma de fuego ni vehículo con reporte de robo y que apareció en la escena después del ataque, por lo que no existían indicios suficientes de su participación directa.
En respuesta, la Fiscalía señaló que diversos agentes indicaron que Francisco Miguel intentó ayudar a los agresores a escapar y que fracasó en su intento de huida. Aunque reconoció que los agentes estaban armados, sostuvo que existía una desventaja numérica —cuatro atacantes contra tres policías— y que el agente fallecido no portaba arma en ese momento.
Un ataque planeado, pero con responsabilidades distintas
Al emitir su resolución, el juez sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar que se trató de un ataque planeado con antelación, especialmente por Martín Alejandro R.F., “El Charro”, a quien señaló como el principal organizador del ataque y de la huida posterior.
De acuerdo con la declaración de Pedro Moroni, alrededor de las 11 de la mañana recibió una llamada de “El Charro” para “hacer un mandado”. Posteriormente abordó la camioneta negra, donde le entregaron un arma larga de color verde, con la que disparó contra quienes después supo que eran agentes estatales.
Indicó que el plan contemplaba que otra persona los recogería tras el ataque, aunque dijo no saber quién sería.
Los informes policiales y el testimonio de un empleado de la gasolinera indican que los agentes realizaban labores de vigilancia y se detuvieron para ir al sanitario cuando una camioneta negra se colocó frente a ellos y cuatro tripulantes comenzaron a disparar con armas largas contra la unidad Chevrolet Silverado en la que viajaban tres agentes.
Jaime Eduardo y José Luis lograron ponerse a salvo y repelieron la agresión; sin embargo, el tercer agente, Edgar David, murió de manera inmediata tras recibir múltiples impactos mientras se encontraba en el asiento trasero.
Tras el ataque, los agresores abandonaron las armas y huyeron en distintas direcciones. Un agente declaró que uno de ellos intentó abordar un Chevrolet Malibú conducido por Francisco Miguel, a quien logró sujetar del brazo para evitar su huida.
La resolución
Con estos elementos, el juez vinculó a proceso a los cinco imputados, pero reclasificó su situación jurídica.
Pedro Moroni fue vinculado por homicidio simple y tentativa de homicidio, al no acreditarse dolo, así como por posesión de vehículo con reporte de robo y portación ilegal de armas. Se descartó la calificativa de ventaja.
En el caso de Francisco Miguel, el juez modificó su grado de participación a partícipe posterior, al no haber disparado, pero sí haber sido considerado como apoyo para la huida.
Martín Alejandro R.F., Alejandro Gerardo C. y Christian Jesús H.L. fueron vinculados por homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, posesión de vehículo robado y portación ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía informó que declinará la competencia por el delito de portación de armas a favor de la Fiscalía General de la República.
Finalmente, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el 15 de julio de 2026. Durante ese tiempo, los imputados permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social número 3.
Cronología del caso
- 8 de enero: Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizan labores de vigilancia y se detienen en una gasolinera en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y Simona Barba.
- Minutos después: Una camioneta negra se coloca frente a la patrulla Chevrolet Silverado. Cuatro tripulantes abren fuego con armas largas.
- Durante el ataque: Dos agentes repelen la agresión; el agente Edgar David muere dentro de la unidad tras recibir múltiples impactos.
- Tras el ataque: Los agresores abandonan las armas y huyen en distintas direcciones.
- Huida: Uno de los involucrados intenta abordar un Chevrolet Malibú; según la defensa, se escucha el grito:
“¡Córrele, wey, que te van a alcanzar los policías!”. - Operativo: Se despliega un operativo en la zona; cinco personas son detenidas en distintos puntos.
- 11 de enero: La defensa de uno de los imputados solicita por oficio la comparecencia de un agente municipal; no hay respuesta.
- Audiencia: Se celebra la audiencia de vinculación a proceso en Ciudad Judicial, en un ambiente de tensión.
- Sanción: El juez impone una multa de 100 UMAs al titular de la SSPM por no atender un citatorio judicial.
- Resolución: El juez concluye que el ataque fue planeado, pero determina que no todos dispararon ni participaron de la misma forma.
- Vinculación: Los cinco imputados son vinculados a proceso, con reclasificación de delitos y participaciones.
- Investigación: Se fija un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
- 15 de julio de 2026: Fecha límite para el cierre de la investigación; los imputados permanecen en el Cereso 3.
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