Bajo un fenómeno identificado como “migración inversa”, lugares que antes eran de tránsito, como Ciudad Juárez, se convirtieron en puntos de espera prolongada o de asentamiento forzado tras el endurecimiento de las políticas migratorias registrado en Estados Unidos desde 2025.
Una investigación de la organización Plan International México sobre las experiencias de movilidad de niños y adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua; Ciudad de México, y Tapachula, Chiapas, mostró que, como parte de esa “migración inversa”, Tapachula opera ahora como un espacio de contención y concentración migratoria, mientras que la Ciudad de México funciona como un territorio de permanencia prolongada y reconfiguración de trayectorias.
En ese contexto, se encontró que la protección infantil continúa siendo afectada por amenazas provenientes tanto de actores criminales como de contextos de violencia estructural presentes a lo largo de las rutas migratorias.
Al enlistar riesgos de trata, explotación y violencia contra niñas y adolescentes, la organización reportó secuestros documentados en Ciudad Juárez y en la Ciudad de México, con un modus operandi basado en la suplantación de autoridades policiales para interceptar a familias y exigir rescates.
Plan International concluyó que los cambios en las políticas migratorias en la región norteamericana han impulsado formas de movilidad menos visibles y más precarias, profundizando las condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre para la niñez.
“En materia de protección infantil prevalecen amenazas provenientes tanto de actores criminales como de contextos de violencia estructural presentes a lo largo de las rutas migratorias. Los riesgos más reportados incluyen violencia psicológica, emocional y física; separación familiar; robos, discriminación y xenofobia; secuestro y desaparición”, detalla otro de los hallazgos.
En el monitoreo que forma parte del proyecto “Respuesta humanitaria para personas desplazadas” (2024-2026), las familias identificaron como principales generadores de riesgo a organizaciones criminales (44.9 por ciento), grupos armados no estatales (29.6 por ciento) y actores estatales civiles (27.3 por ciento).
“La protección infantil continúa siendo afectada por amenazas provenientes tanto de actores criminales como de contextos de violencia estructural presentes a lo largo de las rutas migratorias”, establece el documento.
Familias migrantes evitan escuelas públicas por complejidad burocrática
El estudio de Plan International México, financiado por la Unión Europea, concluyó que la respuesta institucional mexicana sigue diseñada para un “tránsito temporal” y está desfasada frente a estancias que ya superan el año.
En ese contexto, se encontró que, en Ciudad Juárez, las familias migrantes evitan las escuelas públicas por la complejidad burocrática de los trámites y la falta de documentos, y optan por programas alternativos de la sociedad civil.
En general, tanto en Ciudad Juárez como en Tapachula y en la Ciudad de México, se detectó un vacío legal notable: no existe legislación especializada en México para la niñez en desplazamiento forzado interno, a diferencia de la niñez migrante extranjera, lo que la invisibiliza institucionalmente.
El monitoreo arrojó que solo el 32.4 por ciento de los hogares reportó que los niños y adolescentes estaban vinculados a la educación formal o flexible, y que la falta de recursos económicos es la principal barrera para acceder a ella.
De acuerdo con el trabajo de campo, las necesidades prioritarias identificadas fueron alimentación (77.3 por ciento), educación (65.3 por ciento), salud (54.6 por ciento), medios de vida (36.9 por ciento), libertad de movimiento (34.1 por ciento), y salud mental y apoyo psicosocial (31.8 por ciento).
Además, el 43.8 por ciento de los hogares indicó que los niños y adolescentes no habían recibido ningún tipo de asistencia humanitaria durante los últimos tres meses.
Algunas acciones y recomendaciones
En el documento resumen, Plan International también comparte algunas acciones y recomendaciones para atender la problemática, como fortalecer los sistemas de protección con un enfoque de derechos, de género y de niñez.
Además, llama a garantizar el acceso oportuno a servicios esenciales como la salud, la educación y la protección, así como a complementar la respuesta humanitaria con estrategias de integración que favorezcan el acceso a medios de vida, la inclusión comunitaria y el ejercicio pleno de los derechos.
La organización también propone fortalecer las capacidades de las autoridades y de otros actores clave para prevenir y atender situaciones de violencia, discriminación, racismo, xenofobia y acoso escolar que afectan a niños y adolescentes en situación de movilidad.
En forma paralela, plantea impulsar acciones de sensibilización e inclusión dirigidas a las comunidades de acogida, así como iniciativas de prevención en entornos digitales, para promover una convivencia respetuosa y una integración segura y sostenible.
Considera que otro punto importante es incrementar la inversión en soluciones de mediano y largo plazo que respondan a la evolución de los patrones de movilidad y a las necesidades de las personas que permanecen en México.
“Diseñar políticas y programas que reconozcan las necesidades específicas de niñas, niños, adolescentes y mujeres en contextos de movilidad, garantizando su protección y participación”, concluye en otra de sus sugerencias.
