La manera como funcionan fideicomisos como Fosech y Ficosec, se da con base a criterios paternalistas y patrimoniales que no corresponden necesariamente al interés social.
Esto deriva en un manejo discrecional de recursos que además de no ser plenamente transparentados, permiten la existencia de posibles conflictos de interés.
En este sentido se manifestó René Moreno Medina, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); para Moreno, el sector privado debería ser sujeto de mecanismos fiscalizadores tan profundos como los que privan en el Gobierno, cuando se ejercen recursos públicos.
La falta de estos mecanismos –afirma– es lo que permite que, en ciertos casos, puedan ocurrir situaciones que deriven en opacidad y conflictos de interés; tal es el caso de lo ocurrido con el proyecto de construcción del Banco de Alimentos de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) en Juárez.
“Creo que el problema lo tenemos de diseño”, manifestó, recordando que el Fondo Social del Empresariado Chihuahuense es quien administra los recursos otorgados a Fechac.
“Es dinero público que recolecta Hacienda, de ahí todo se baja a una asociación civil, que es donde empiezan los problemas de opacidad, por diseño; obviamente esto se presta a casos como el banco de alimentos, donde se presentaron criterios de contratación opacos”, indicó.
Acreditó las diferencias existentes en la construcción del Banco de Alimentos de Cáritas Chihuahua y el proyecto de Juárez, a modelos de contratación distintos.
Dijo que el recurso ejercido en Juárez, al bajarse del fondo a la Fechac, es ejercido como si este fuera un proveedor del fideicomiso.
“Esto lo vuelve más complejo de rastrearse, al tratarse de un ente no obligado a sujetarse a las legislaciones vigentes en materia de obra pública”, explicó.
Aseguró que esto conlleva el riesgo de contrataciones realizadas bajo conflictos de interés como las observables en el caso del Banco de Alimentos de la Fechac.
“Valdría la pena que las instancias que manejan los fideicomisos revisaran a profundidad estos fideicomisos y regresaran a lo público la administración de los mismos; no confiar en que la mera iniciativa privada por sí sola va a asegurar valores públicos y sociales”, comentó.
Al considerar que podrían explorarse vías de manejo alterno, señaló que actualmente el uso de esos recursos se da bajo criterios patrimoniales antes que sociales.
Eso permite –afirmó– que los recursos públicos sean manejados por entes privados que aprovechan las lagunas existentes en las leyes de transparencia para manejarlos discrecionalmente.
“Así, la sociedad no tiene conocimiento de cómo se ejercen los recursos públicos que llegan a estos organismos por la vía de esos fideicomisos”, aseveró.
Consideró que en el ejercicio de recursos por parte del sector público, los mecanismos existentes para garantizar la transparencia no facilitan este tipo de discrecionalidad.
“No digo que la administración pública sea excelente, pero por lo menos hay una serie de obligaciones un poco más fuertes en materia de transparencia; esto permite ejercer una contraloría social sobre los proyectos, algo que yo no veo que ocurra en el caso de estos fideicomisos”, afirmó.
Considero necesario revisar ambos fideicomisos (Fosech y Ficosec) para ver cómo se puede rescatar parte de su administración hacia un ejercicio de revisión pública.
“Porque tal como están, la toma de decisiones prácticamente se le está regalando al sector empresarial; y no queda del todo claro cómo eso abona al valor social para la gente”, puntualizó.
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