Durante la primera semana de febrero de 2022, la administración de Cruz Pérez Cuéllar adquirió un lote de 229 pickups habilitadas como patrullas usadas, RAM V6 de doble cabina, modelos 2018-2019, a la Financiera Lumo S.A., las cuales estuvieron rentadas durante los últimos tres años del gobierno anterior de Armando Cabada.
Después de un año, la Auditoria Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la revisión del destino de los recursos federales del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), que la Hacienda federal entregó en forma de participaciones del 2022 al Municipio de Juárez.
En este ejercicio de rendición de cuentas, el organismo de fiscalización de la Cámara de Diputados, identificó un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 51 millones 875 mil pesos.
La ASF auditó los contratos DCA/SSPM/018/2022 y DCA/SSPM/411/2022, mediante los cuales, se documentó que el Municipio adquirió 229 vehículos usados equipados como patrullas, respectivamente.
Un año y medio después de la compra, entre el 1 y el 24 de agosto de 2023, los auditores llevaron a cabo una visita para verificar la existencia y condiciones en que se encontraba el parque vehicular adquirido con recursos del Fortamun.
¿Quién compra decenas de patrullas usadas por internet?
El informe expone que, con respecto a la revisión del avalúo a las unidades usadas, se observaron que las unidades usadas se compararon con vehículos que no se tuvieron a la vista, sino que fueron consultas realizadas en páginas de internet.
Observaron que el valuador no tuvo los vehículos a la vista ni llevó a cabo una revisión exhaustiva de los mismos, como tenían que hacerlo.
En el propio evalúo mediante el cual funcionarios del Municipio validaron la compra, reconocieron la problemática de múltiples fallas mecánicas, principalmente el sobrecalentamiento de los motores por adaptaciones a gas.
Entonces, de antemano se sabía que dichas circunstancias indicaban un avanzado estado de deterioro de los motores.
Los auditores que atendieron la inspección levantaron el acta circunstanciada número 007/2022 de fecha 03 de noviembre de 2023, en la cual asentaron que los vehículos se encontraban inoperantes debido, en su mayoría, a descomposturas y falta de motor.
La auditoría estableció que 229 unidades se encontraron en condiciones físicas que no permiten su funcionamiento y, en consecuencia, la operación para la cual fueron adquiridas, ya que se observaron fuera de funcionamiento debido a que presentan descomposturas mecánicas y de carrocería visibles a simple vista.
El equipo auditor documentó sus hallazgos a través de un archivo fotográfico.
Sobre el mismo lote de camionetas equipadas como patrullas, las mismas autoridades municipales contaban con un informe técnico mediante el cual un consultor externo dictaminó, lo siguiente:
“El sistema de gas CNG no ofrece beneficios técnicos rentables a largo plazo, las dificultades técnicas para la implementación de estos equipos en las camionetas es de pronóstico reservado, los motores seguirán teniendo problemas de sobrecalentamiento que se manifiestan a corto y mediano plazo en daño mayor al motor, no existe un programa de mantenimiento que pueda ayudar a resolver este tema (…). El proyecto de gas CNG carece de pruebas que respalden su eficiencia técnica a largo plazo, los documentos emitidos por los proveedores de gas no es más que propaganda que enaltece los beneficios económicos de consumir el gas CNG, pero hasta el momento ninguno presenta un estudio respaldado con durabilidades aplicables para cualquier vehículo en cualquier condición de manejo”.
El informe establece que no pudieron constatar si las 229 unidades de los contratos referidos, llegaron a funcionar en condiciones adecuadas en el momento que fueron adquiridas, a un precio de 51 mil 875 pesos cada una.
La ASF concluyó que el dictamen del Comité de Adquisiciones del Municipio bajo el cual “justificaron” la adjudicación directa de los contratos, no se encuentra debidamente fundado ni motivado, tampoco justifica los criterios de economía, eficiencia y eficacia en la adquisición de dichas unidades. Además, no se cumplieron los objetivos de contar con parque vehicula suficiente en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para determinar la conveniencia de adquirir vehículos usados.
La auditoria canalizó estas y otras observaciones a la Dirección General de Investigaciones de la ASE, a fin de que se lleve a cabo la ampliación de la investigación para esclarecer los hechos y determinar la presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos responsables de validar y autorizar la firma de los contratos en cuestión.
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